Un reclamo millonario del ex Grupo Greco, homologado por la Justicia, y un intento de pago por 332 millones por parte de la actual administración nacional generaron un escándalo, que es investigado por un juez y los organismos de control del Estado.

La sospecha de que se intentaba un pago encubierto a los Greco, una denuncia contra abogados del Ministerio de Economía hecha por la ministra Miceli, quien pidió a la Justicia Federal que frene el pago de ese dinero que ella misma avaló en noviembre pasado en favor del ex Grupo Greco, así como amenazas de muerte hechas públicas por la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Alejandra Taddei, enrarecieron el caso en los últimos días.

Desde el grupo Greco, se advirtió que la emisión de los pagos correspondientes para indemnizar a esos empresarios por 332 millones de pesos fue firmada por el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por la ministra de Economía, Felisa Miceli, y se exigió al juez de la causa, Sergio Torres, que libere la cancelación de esa deuda que tiene el Estado con los ejecutivos del caso.

El Grupo Greco era fuerte en Mendoza cuando, en 1979, se decretó su quiebra. La dictadura militar lo intervino un año después por decreto-ley y desapoderó a sus dueños: Héctor, Oscar y José Greco, Margarita Granzotto de Grecco y Jorge Bassil, que incluso fueron detenidos. En 1987, el holding logró que la Nación reconociera ese desapoderamiento.

El gobierno de Raúl Alfonsín le devolvió 10 de sus 36 empresas y se comprometió a compensarlo por los daños y perjuicios sufridos. Esto se ratificó mediante el decreto 1.444/87.

Por la demora en el pago, Greco demandó a la Nación. Y en diciembre del 2001, el juez dictó la sentencia ordenando que se ejecutara el acuerdo, sin fijar cifra de indemnización.

Economía no apeló la sentencia y Greco reclamó casi $ 600 millones basado en la presunta pérdida de un stock de 509 millones de litros de vino y de inmuebles.

En el 2005, el juez Soto homologó un acuerdo entre Greco y Economía. El gobierno desconoce tal acuerdo al considerar que los abogados de Economía actuaron sin las "facultades para tales actos". El 25 de enero, Miceli declaró nulos los actos.

Pero antes, cuando se firmó el acuerdo, la Justicia intimó a Economía a que acatara la orden de pago. En noviembre pasado, la directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, actualmente desplazada y procesada por el caso Meller, le planteó al secretario de Finanzas que debían abonarse los 600 millones. Micelli y el jefe de Gabinete le pidieron al Congreso los fondos, cuestión que Diputados aprobó, pero el Senado no. Así se desató el escándalo. Finalmente Miceli denunció el caso en la Justicia.

Cómo lo ven las partes

"Río Negro" consultó a las partes en conflicto. Para el ex grupo Greco, "no hay ningún aspecto extraño u oculto. Hay una sentencia favorable para los empresarios Greco que se debe hacer efectiva. Los Greco fueron robados y torturados por la dictadura militar Por eso, nosotros le planteamos al juez Sergio Torres que se rechace la medida de no innovar", dijeron fuentes del grupo.

En cambio, desde Economía, aseguran que la ministra Miceli está convencida que existieron contactos y maniobras entre algunos funcionarios de esa cartera con gente vinculada directamente al grupo Greco para que se hicieran todos los trámites en forma rápida y se incluyera el pago en el presupuesto del año pasado, por medio de un decreto de ampliación del mismo.

Los defensores de Greco aclararon que hubo un proyecto aprobado por el Congreso y enviado por Fernández y Miceli al Congreso a fines del año pasado solicitando ampliación de partidas del Presupuesto con el objetivo de establecer esa cancelación.

Añadieron que se están observando algunas maniobras con el objetivo de "complicar el panorama" para la cancelación de la deuda del Estado nacional con el grupo.

"En realidad esta es una causa que se arrastra desde hace muchos años. Pero el punto central es que finalmente se acordó un monto de indemnización y allí estuvieron trabajando los cuerpos legales. Para que se entienda: aquí hubo consultas con la Procuración del Tesoro y la misma recomendó aprobar el pago", puntualizaron.

Apuntan a que allí comienza la cadena de responsabilidades por parte de los funcionarios de Economía, de los cuales algunos ahora están siendo investigados por una presentación que realizó la propia titular del Palacio de Hacienda.

Desde el ex grupo Greco, se explicó que una vez que se expidió la Procuración del Tesoro, la implementación del pago pasó al área Técnica y Administrativa de Economía, luego a la Secretaría de Finanzas, en momentos cuyo titular era Alfredo Mac Lauhglin y posteriormente a la oficina de Crédito Público, Jorge Amado.

Por el otro lado, fuentes cercanas a la ministra Miceli aseguraron que están en la mira de la investigación sobre esas supuestas maniobras algunos funcionarios como los abogados de la cartera Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos Jurídicos, Osvaldo Siseles, subsecretario Legal, Daniel García, director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados y Graciela Pernas, de esa misma dependencia, además del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino.

Sin embargo, en el entorno de Miceli aseguraron que hubo maniobras e incluso advirtieron sobre las amenazas de muerte que recibió Alejandra Taddei, la subsecretaria Legal de la cartera.

El caso Greco se inició en 1980. Los empresarios conformaban en aquel entonces un importante holding que tenía entre sus empresas a bodegas Arizu, Greco, Villavicencio, 150.000 hectáreas de la región de Cuyo, y el Banco Los Andes, el cual quebró.

El ex grupo adujo que fueron despojados de sus empresas por parte de la dictadura militar que gobernaba el país en ese momento, compañías que luego los militares fueron liquidando.