SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Unos 3.000 interesados en acceder a una vivienda social respondieron a la convocatoria del IPPV en las dos primeras jornadas y los responsables del organismo estimaron que recibirán una 10.000 solicitudes durante el período de inscripciones que se extenderá hasta fin de mes.

Esta es la primera vez en casi una década que el organismo abre el registro de solicitantes en la ciudad, decisión que cobra especial relevancia porque permitirá medir el severo déficit habitacional engrosado por la marcada expansión demográfica del último lustro.

Lamentablemente la convocatoria no acercará soluciones adecuadas a la gran demanda, porque el instituto sólo dispone de 120 viviendas del Plan Federal I para adjudicar, que están ubicadas en el barrio San Francisco IV y se encuentran en la etapa final de obra. Para peor 20 unidades del complejo habitacional están destinadas al traslado de los casos más urgentes de la barda del Ñireco.

El delegado local de IPPV, Roberto Arregui, aseguró a "Río Negro" que "no vamos a dejar de atender a ninguno (de los solicitantes) que se presente hasta el 31 de marzo, estamos preparados para atender a unas 10.000 personas que estimamos que es el déficit habitacional de Bariloche".

El funcionario reconoció que las viviendas disponibles son más que escasas para responder al aluvión de solicitudes que esperan -y comenzaron a confirmarse en los primeros días-, pero anticipó que se están estudiando nuevos planes, sobre todo en la modalidad de consorcio para solucionar el problema de la tierra.

La ola migratoria -que siguió a los inversores de mayor poder adquisitivo- generó una fuerte

especulación inmobiliaria que disparó los precios de propiedades y alquileres, tornándolos inaccesibles para los segmentos sociales medios y bajos. Esta realidad no es nueva para las autoridades provinciales y municipales que no pueden articular respuestas adecuadas a una demanda creciente.

Las 120 viviendas por las que pugnan miles de familia tendrán una cuota mensual cercana a los 350 pesos, la mitad o menos del valor promedio en el que oscilan los alquileres de departamentos o casas de dos ambientes en el mercado inmobiliario. De allí la ansiedad de la gente por entrar en el reducido listado de adjudicatarios. En la primera jornada de "asesoramiento" -etapa previa a la inscripción- se presentaron más de 2.000 personas, hubo impaciencias y tensiones, y el organismo debió otorgar igual cantidad de turnos para la posterior inscripción.

Embarazadas en avanzado estado, mujeres solas arrastrando bebes y niños y padres de familia ansiosos por acceder a una viviendas propia soportaron el viento y el frío del jueves desde hora temprana. "En la primera jornada entregamos 400 turnos y atendimos a los 400, no faltó ni uno, eso es déficit habitacional" reflexionó Arregui.

Ayer se repartieron otros 400 turnos para "asesoramiento" entre los cientos de personas que se encolumnaron desde temprano frente a la sede de la Administración Provincial -favorecidas por un tibio sol-. Ese es el número límite que se repartirá por jornada hasta el próximo miércoles 7.

Los aspirantes deben acreditar un ingreso en blanco de 1.150 pesos mensuales ($ 800 en el caso de los empleados públicos), la constitución de un grupo familiar, residencia efectiva en la localidad y no ser adjudicatarios de anteriores planes.