SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La policía inició una causa judicial para investigar si el incendio que arrasó una vivienda del barrio Melipal el jueves por la noche fue producto de un acto intencional.

Pese a que la vivienda es de mampostería en su mayor parte y los bomberos tardaron poco en llegar, el fuego arrasó en pocos minutos las divisiones interiores y lo que contenía, así como los revestimientos, el cielo raso y el bastidor con las maderas que soportaban el techo.

Poco después de las 21 del jueves los bomberos de Melipal tomaron conocimiento del siniestro y acudieron con cinco dotaciones a la vivienda ubicada en Boock y Limay, cuando el incendio estaba declarado y el agua apenas servía para que la altura de las llamas fuera menor. Allí mismo comenzaron a circular las versiones sobre la presunta intencionalidad del incendio, y por esa razón la policía tomó previsiones para evitar que el escenario pudiera ser alterado.

Aunque todavía no está confirmada la hipótesis delictiva, ya se aventura que hay un sospechoso que tendría relación directa con las personas que habitaban la vivienda. La familia afectada tiene a cargo cinco chicos de entre seis meses y ocho años, que quedaron sin techo y sin enseres.

La persona que ocasione un incendio intencional puede ser castigado con pena de tres a diez años de prisión, siempre que no pusiera en peligro la vida de otras personas, en cuyo caso corresponde pena de cinco a quince años de prisión.

En esta ciudad le aplicaron nueve años de prisión a un joven que prendió fuego a la casa de su ex novia, después de saludarla amigablemente en un baile popular y convidarla con una botella de sidra. Un hermano de la chica dormía en la casa en esos momentos, pero pudo salir antes de que lo envolviera el fuego.

El 22 de abril del 2001 la Cámara Primera del Crimen le impuso el mínimo de la pena prevista, tres años y en suspenso, al hombre que había sido excluido del hogar por la justicia debido a su carácter violento y cumplió la amenaza de quemar la vivienda de la familia. Tanto el querellante como el juez Carlos Rozanski, que calificó el hecho como "crónica de un incendio anunciado", propiciaron la imposición de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. Pero los jueces Alfonso Pavone y Marcelo Barrutia acordaron imponerle tres años en suspenso por el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho, la falta de antecedentes penales del imputado, y por entender que la prisión efectiva en este caso se contraponía con el principio resocializador de la pena.