NEUQUEN (AN).- La Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén le solicitó al defensor del Pueblo, Juan José Dutto, que actúe "en defensa de las garantías constitucionales que les corresponden a los ciudadanos de Neuquén" que son usuarios de taxis pues -a raíz de las medidas de seguridad implementadas- "se los coloca como sospechosos por el solo hecho de ser usuarios del servicio". Por eso, solicitaron "acciones que ayuden a encontrar caminos de solución sin que se afecte a los ciudadanos".

"El control requiere de los pasajeros la presentación de documentos de identidad y su falta puede constituirse en un problema para el pasajero ya sea

porque lo demoren en una comisaría o porque no pueda seguir su viaje", explicaron los integrantes del organismo Carlos Segovia y Oscar Ragni.

En esa línea razonaron que "la exigencia de la portación permanente de documentos, muy propia de las épocas dictatoriales, carece de sustento constitucional, aun cuando figuren en normas contravencionales de cuestionable legitimidad. Su imposición no sólo es impropia del Estado de Derecho sino que ayuda a configurar una suerte de 'estado policíaco'", fueron más allá.

Por otra parte, la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos dijo que no se puede "obviar la gravedad institucional que significa que las fuerzas policiales sean sometidas a fiscalización por parte de los integrantes del sindicato de taxis, lo que puede llevar a casos de abusos con peligro para las personas".

Paralelamente, a través de un comunicado de prensa, consideraron que "resulta preocupante que cabalgando en la situación creada por estos hechos se formule un ataque contra la ley 2.302, poniendo otra vez a los menores como el principal factor de la inseguridad". En este contexto, advirtieron que las medidas de seguridad "fueron tomadas sin mayor análisis".