NEUQUEN (AN).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió por tiempo indeterminado el fallo de la justicia neuquina que ordenó a la municipalidad capitalina a blanquear y a restituir a los empleados los aportes no remunerativos liquidados durante el período 1992-2004.

Esta decisión frenó la posibilidad de que algún agente municipal exija la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ), por lo menos hasta que la Corte Suprema se expida sobre la cuestión de fondo.

La resolución de la Corte se conoce en momentos en que el Ejecutivo Municipal se encuentra negociando extrajudicialmente la devolución de los montos con el personal.

De alrededor de 800 empleados con y sin reclamos administrativos, unos 250 ya cerraron un acuerdo. Queda por resolver la situación de otros 1.600 agentes con juicios iniciados, para un eventual arreglo.

El escrito de la Corte es de fecha 27 de febrero y fue emitido por los magistrados Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

La medida tuvo el propósito de comunicar oficialmente a las partes en pugna la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por la municipalidad para frenar una sentencia del TSJ emitida el 25 de noviembre de 2003.

Por ese fallo, resuelto por tres votos a favor y dos en contra, el TSJ ordenó a la municipalidad a blanquear las sumas no remunerativas y no bonificables, y a restituir a los empleados de la comuna la diferencia de los montos no percibidos.

El intendente neuquino Horacio Quiroga juró recurrir a la Corte y así lo hizo con la intención de revertir la sentencia, ante la presunción de que de quedar firme, el municipio caería en recesión.

Se estima que la aplicación del fallo del TSJ le significaría a la municipalidad el desembolso de unos 80.000.000 de pesos, con intereses incluidos.

El origen del reclamo del personal tuvo origen en dos decretos de la ex intendenta Derlis Kloosterman (MPN), quien condujo la municipalidad desde 1991 hasta su destitución en 1993.

Kloosterman llevó a 500 pesos el salario de las categorías más bajas, a través de la inclusión de las sumas no remunerativas, aunque su decisión repercutió en toda la planta.

Fue en la administración del ex intendente Luis Julián Jalil (MPN- 1995-1999) que quedó convalidada la decisión de Derlis Kloosterman mediante una ordenanza.

Los reclamos comenzaron a llover durante la administración de Quiroga (UCR), desatando una lucha sin cuartel entre la comuna y el gremio (Sitramune) por el blanqueo, matizada con paros, movilizaciones y cruces verbales virulentos.

En este interín el TSJ falló contra el municipio, una nueva instancia que decidió a los concejales a intervenir e incluir las sumas al haber básico a través de una nueva ordenanza (la 10.011) en julio de 2004.

Las relaciones entre el municipio y el sindicato prosiguieron tensas hasta que en 2006 Quiroga anticipó la predisposición de pagar.

Con la habilitación en febrero de una oficina de informes se dio inicio formal al ciclo de negociaciones extrajudiciales con los trabajadores.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de admitir el planteo del Ejecutivo Municipal puso dentro de un paréntesis la aplicación del fallo del TSJ neuquina.