NEUQUEN (AN).- El presidente del TSJ, Eduardo Badano, pidió un informe a organismos judiciales para determinar la cantidad de causas por delitos contra el Estado que fueron archivadas durante los últimos años.

La decisión llega luego de que los diputados del bloque ARI-PI, Carlos Moraña y Beatriz Kreitman, dieran a conocer la respuesta a un pedido de informes que plantearon en la Justicia, que indica que de las 521 causas

que tenía que investigar la Fiscalía de Delitos contra la Adminstración Pública en 2004 sólo quedan abiertas 61. "A raíz de la noticia, sin iniciar una investigación, se han pedido los informes para evaluar si los datos son correctos o incorrectos", dijo Badano ayer, luego del nombramiento de los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Badano quiso dejar en claro que él no fue el encargado de que los datos hayan tomado estado público. "No salieron de la presidencia del cuerpo, ni de la oficina del prensa del Poder Judicial, no sé si ha trascendido por otro canal", dijo. Sobre la cantidad de causas archivadas, entre ellas casos de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios provinciales, Badano dijo que "no puedo afirmar que sea cierta o no la cantidad: queremos ver los números", dijo y agregó.

De todos modos, señaló: "quiero dejar en claro esto: sería pedante de mi parte negar veracidad o verosimilitud" a los datos que trascendieron, pero "quiero ver los informes que encargamos".

Se refirió a la acumulación de causas en las Defensorías Oficiales Civiles, ámbito que recibe pedidos de ayuda de los sectores de la población con menos posibilidades de tener una defensa justa por falta de recursos.

Para explicar la lentitud de respuesta en estos ámbitos, Badano argumentó que se produce un cuello de botella motivado por "la calidad de los defensores civiles y por la situación económica que afecta a sectores de la población".

Añadió que parte de la solución es la designación de nuevos funcionarios, pero añadió que hay otra variable que podría atentar contra la celeridad de una solución, y es que la situación también depende de la "flexibilidad del presupuesto" del Poder Judicial.

Opinó sobre el debate en torno al nuevo intento de reformar la ley de minoridad 2.302. "Hace falta, a mi modesto criterio, un debate sincero, racional y no emotivo, sobre la imputabilidad y los alcances" del texto.