NEUQUEN (AN)- Una de las primeras polémicas que se presentó en el Consejo de la Magistratura es que uno de sus integrantes, Gustavo Olivera, pretende seguir ejerciendo la abogacía. Por lo menos, hasta que se definan varias causas que maneja en su estudio.

La ley de creación del Consejo de la Magistratura señala en su artículo 11 que "los consejeros que fueran abogados deben suspender su matrícula provincial por el tiempo que dure el desempeño efectivo de sus cargos". Olivera adelantó días atrás a este diario que pensaba presentar un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad en contra de ese artículo. "Tengo muchos clientes a los que no puedo abandonar de un día para otro. Si los abogados que son diputados pueden seguir ejerciendo, los consejeros también", señaló.

Ayer, en el acto de asunción del cargo, confirmó que había presentado un recurso legal para sortear ese impedimento aunque no suministró otras precisiones.

Seis de los siete integrantes del Consejo son abogados. Salvo Jorge Sommariva, vocal del TSJ, los demás ejercen o están en condiciones de ejercer libremente la profesión. La única excepción es Oscar Lavaggi, kinesiólogo. Mientras sean consejeros, percibirán una remuneración equivalente a juez de cámara, en estos momentos superior a los diez mil pesos mensuales.