SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Después de escuchar los dichos de la última testigo, la fiscal Mirta Siedlecki le pidió al juez Gregor Joos que le imponga un mes de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos al ex intendente Atilio Feudal y a su secretario de Economía, Jorge Yáñez, por vender a menos de la mitad de su valor un pagaré sin solicitar la autorización del Concejo Municipal.

Al pedir la absolución, los defensores plantearon la inexistencia de dolo y malicia, la prescripción de la causa y que correspondía la aplicación de la ley más benigna, y el juez Gregor Joos será quien dictará sentencia el 5 de marzo.

Graciela Di Biase respondió sobre aspectos de la gestión que cumplió tras la renuncia de Feudal y reconoció que había tomado conocimiento de la operación un tiempo después de su ejecución, cuando cumplía las funciones de intendenta.

"Antes, el ex secretario de Economía, Ernesto Saavedra, recordó que durante su gestión había requerido la aprobación del Concejo Municipal para adjudicarle al Bansud el descuento de una moratoria, y definió al instrumento financiero negociado como un "crédito o activo registrado, o acreencia documentada".

El ex concejal Ricardo Ledo consideró que la venta del pagaré había sido "uno más de los recursos para conseguir fondos", que era "materia opinable" la necesidad de aprobación del Concejo, que no hubieran objetado la operación, y que no creía que el hecho pudiera configurar un delito.

Marcelo Cascón apuntó que "era público que se estaban realizando gestiones para la venta del pagaré", mencionó que habían declarado la "emergencia económica y financiera" y que entendía que el Concejo hubiera aprobado la venta del pagaré "previo informe económico".

Carlos Fernández, asesor letrado del municipio durante la gestión de Feudal, expuso que estaba convencido que la operación no precisaba de la aprobación del Concejo, que estaban en emergencia económica y "todos conocían la operatoria".

La fiscal sostuvo la acusación al entender que no se trató de un acto de "mera negociación", sino que se había negociado un bien del municipio sin cumplir las normas dispuestas en la Carta Orgá

nica Municipal. "¿Si estaban seguros que el Concejo no hubiera puesto obstáculos, por qué no lo consultaron?", se preguntó Siedlecki, y comentó que Fernández podría haber sido incriminado también por aconsejar que no consultaran al Concejo. Insistió en que se trataba de una disposición de bienes, y no de un crédito anticipado, y que, a su juicio, la nueva Carta Orgánica no modificó el criterio de consulta al Cuerpo Deliberante.

En defensa de Feudal, Juan Pablo Alvarez Guerrero sostuvo que "la ley penal no se puede aplicar analógicamente" y que no había un tipo penal que encuadre con la conducta atribuida a su pupilo.

Citó jurisprudencia al afirmar que la Carta Orgánica no constituye una ley, mencionó que el delito de abuso de autoridad requiere del dolo directo y la malicia y que "la interpretación equivocada de la ley excluye el tipo penal".

Al alegar en defensa de Yáñez, Rodolfo Rodrigo calificó de "proceso ridículo" al gestado por el Tribunal de Cuentas, consideró que ese Cuerpo estaba conformado por "políticos despechados" y criticó a sus integrantes al denominarlos "furgón de cola de los listados políticos". También censuró la instrucción de la causa, al decir que "procesaron sin saber cómo se conforma el delito de abuso de autoridad, sin la existencia de dolo", y que la causa haya llegado a juicio sin que se configure el delito, "porque el juez debería haber desestimado esta denuncia".

Calificó a los procesados como funcionarios honestos, y concluyó alegando que "ojalá que este proceso sirva para terminar con la judicialización de la política".