La investigación que busca determinar si funcionarios del Ministerio de Economía presionaron a técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para obtener información protegida por la ley de Secreto Estadístico dio ayer un nuevo paso.

El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, a cargo de la investigación, le tomó declaración a Clyde Trabuchi, quien la semana pasada pidió ser desvinculada de su cargo como directora nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida del INDEC. Según indicó una fuente con acceso al expediente, Trabuchi estuvo reunida "varias horas" con Garrido y le entregó documentación. Esto fue todo lo que se supo de su visita la Fiscalía.

La otra funcionaria que, según se prevía, se presentaría ayer a dar su testimonio a Garrido, era Graciela Bevacqua, cuyo desplazamiento de la dirección de Indices de Precios de Consumo desató la tormenta en la que está envuelta el organismo. Pero luego se supo que Bevacqua pidió ser citada después del 4 de marzo, cuando terminan sus vacaciones

Garrido intenta determinar si, tal como creen varios empleados del INDEC, hubo presiones para que se aportaran datos sobre el relevamiento del índice de precios al consumidor (IPC) a funcionarios del Ministerio de Economía -concretamente, el secretario de Comercio Interior y guardián de los precios, Guillermo Moreno-, vulnerando la ley de secreto estadístico. El IPC es el indicador a partir del cual se calcula mes a mes la inflación.