SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los prestadores de servicios de Turismo Estudiantil pidieron un compás de espera para analizar la nueva regulación de la Secretaría de Turismo de Nación, SECTUR y buscar alternativas que eviten la concentración comercial de la actividad en pocas manos.

Los empresarios, nucleados en la Ateba, temen que las rígidas garantías exigidas por la reglamentación de la ley 25.599 y sus modificatorias -puesta a la firma del secretario Enrique Meyer- quiten del mercado a las "operadoras chicas". También presumen que la norma deja sin regulación las actividades complementarias que ya son servicios tradicionales de los viajes de egresados.

Por otra parte, Ateba envió una carta documento a Meyer solicitando que les informe "fehacientemente" el contenido de la reglamentación en estudio y se les permita "tomar participación en la decisiones de gobierno".

Los prestadores transmitieron su inquietud al Concejo Municipal pidiendo su intervención. El edil y titular de la comisión de Turismo del Deliberante, Hugo Cejas, consideró que la preocupación de los prestadores locales es legítima y que "acá la discusión de fondo es si no corresponde trasladar esas mismas garantías extremas exigidas por la Nación a todas las agencias de turismo".

La nueva ley de turismo estudiantil y sus modificatorias establecieron severas exigencias para tratar de ordenar la actividad tras la caída de las agencias monopólicas (Río de la Plata, El Rápido y otras) que produjo una atomización de la oferta en pequeñas operadoras diseminadas por todo el país.

La norma impuso la obligatoriedad de "acreditar garantías suficientes acordes al servicio vendido" y delegó en la SECTUR la responsabilidad de reglamentar las condiciones de las mismas. La desaparición de la empresa Zaiga Travel, que en enero de 2005 cerró sus puertas dejando a miles de estudiantes sin su viaje, endureció la concepción de los técnicos que redactaron la reglamentación sin consultar a los centros receptivos.

El dirigente de Ateba, Daniel García, señaló a "Río Negro" que "no está mal que se le pidan garantías a las empresas, el tema es que se arme en forma progresiva y gradual para que dentro de dos años las empresas estén todas en caja".

Entre las medidas que generan mayor preocupación figuran la obligatoriedad de constituir un fideicomiso y contratar un doble seguro de caución por hasta un 30 por ciento del volumen de ventas.