ROCA (AR).- La Cámara Laboral hizo lugar al recurso de amparo interpuesto en diciembre por el secretario general de ATE, Hugo Rojas contra el Consejo Provincial de Salud Pública, para que se declaren nulas las vías de hecho administrativas por las cuales fueron modificadas sus condiciones de trabajo.

La medida cautelar presentada por el dirigente gremial solicitaba que el Consejo Provincial de Salud Pública diera marcha atrás con la discriminación laboral y el perjuicio económico que venía sufriendo desde junio del año pasado materializado en la exclusión en la distribución de días y puntos de guardia activa y en la clasificación establecida para el reparto de los porcentajes correspondientes al Fondo de Obras Sociales.

El fallo de la Cámara consideró que el gremialista sufrió una modificación en sus condiciones laborales con el consecuente desmedro en sus salarios, algo que está expresamente prohibido por la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y solicitó que se fijen sanciones para cada día de mora en reinstalar las condiciones ilegítimamente modificadas.

Esta resolución judicial se inscribe en otras similares dictadas a favor de los militantes de la Asociación de Trabajadores del Estado, Aldo Capretti, en Viedma, y Gustavo Mora y Miguel Márquez, de esta ciudad.

Asimismo, esperan un dictamen favorable los recursos interpuestos en el mismo sentido por los delegados gremiales, Jorge Rivas y Daniel Quiriban, trabajadores también del hospital local.

El Tribunal apunta en la resolución que quedó debidamente acreditada la relación laboral del demandante, su mandato sindical, la notificación al empleador de su actividad gremial y la omisión en la diagramación de guardias activas en el servicio. Basado en ello y en la letra de la ley que prohíbe que se modifiquen las condiciones de trabajo en función de la tarea sindical, los jueces determinaron que "se deben mantener las cualidades y características de que gozaba el actor con anterioridad a su acceso a la función de representación gremial".

Por otro lado, sigue su curso legal el pedido de reintegro de los montos no cobrados.