A principios de febrero del año 2002 veintidós gobernadores, el jefe de Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y el presidente Eduardo Duhalde firmaron un documento de vital importancia para repensar la Argentina democrática. Ese acuerdo federal buscaba generar "un proceso de transformaciones sustanciales en el sistema político argentino". Resultó un consenso federal amplísimo, del que sólo San Luis quedó afuera. La provincia del presidente por una semana parecía tan herida en su orgullo por el desplante que gran parte de los gobernadores le hicieron a Rodríguez Saá en Chapadmalal, que no fue capaz de sentarse en la mesa junto al resto de los mandatarios provinciales y el beneficiario de aquella forzada renuncia.
Según los firmantes, aquel acuerdo era una pieza fundacional "reclamada por el Pueblo Argentino". Este último, efectivamente llevaba mayúsculas, recuperando la noción de "pueblo" como fuente y sentido de un orden de Nación propio del discurso impuesto por el tono peronista de la mayoría peronista gobernante. Ese colectivo de jefes políticos se proponía medidas inmediatas que debían "culminar con la reforma de la Constitución Nacional y la revisión en profundidad del derecho público provincial y municipal". Se proyectaban mecanismos para limitar, racionalizar y hacer eficiente el gasto de la Administración Central y las provinciales. Siempre frente al concepto, paradójicamente antipolítico y por demás vago, de que la política resultaba "cara", que consecuentemente debía ser "abaratada" con topes a los gastos generados por los representantes y las funciones de representación política. A las reducciones de las estructuras de gobierno debía sumarse una iniciativa que suponía atacar uno de los componentes del clientelismo político: los legislativos provinciales y el parlamento nacional debían "abstenerse de ejercer la potestad de otorgar por sí, subsidios, pensiones graciables y becas, eliminando las respectivas partidas de los presupuestos de los referidos órganos legislativos".
En el capítulo de la reforma política y del sistema electoral contaban decisiones que parecían adecuarse a las demandas expresadas electoralmente el 14 de octubre del 2001 cuando irrumpía masivamente el "voto bronca". Era una respuesta a aquel desencanto de muchos y a la ilusión reformista de otros, que podía ser contenida en un amplio repertorio de medidas, algunas audaces como la revocatoria de mandatos y otras de difícil aplicación para con el sistema electoral. El acuerdo promovía la aceptación de candidatos independientes y desbloqueos a las mal llamadas "listas sábana". Se sumaba la reducción en un 25 % del número de integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación, invitando a que siguieran ese ejemplo los restantes parlamentos provinciales y los cuerpos deliberativos de los municipios. En una de las cláusulas se propiciaba terminar con las elecciones bianuales. Los cargos de legisladores para cualquier ámbito se renovarían junto al recambio presidencial, cada cuatro años. Asimismo, se promovían elecciones internas abiertas y simultáneas para la selección de los candidatos a los principales cargos electivos.
Ese conjunto de propuestas debían auditarse desde un "Consejo de Seguimiento de las Acciones para la Reforma Política" tanto en el ámbito nacional como provincial, reuniendo a hombres políticos, académicos y representantes de distintas ongs que contaban con antecedentes en aspiraciones reformistas. Este "Consejo" no llegó a conformarse, aunque durante el año 2003 desde sectores recién ingresados a la nueva administración K se elaboraron propuestas aún más audaces que las contenidas en el Acuerdo del 6 de febrero. En aquellos primeros meses se habló de limitaciones al presidencialismo y hasta de la necesidad de una parlamentarización de nuestra forma de gobierno junto a un nuevo sistema electoral, para hacer posible un mayor equilibrio geopolítico en la representación.
Han transcurrido cinco años desde la rúbrica de ese Acuerdo Federal para la Reforma Política y es muy poco lo que puede mostrarse de aquel impulso reformista. Posiblemente el actual "déficit" reformista deba su explicación a la fórmula pretenciosa adoptada entonces sin un firme convencimiento, en una Argentina que vivía uno de los veranos más atípicos de su historia reciente ante tanta exigencia. En definitiva, todos estaban dispuestos a ofrecer y aceptar cualquier señal para la reinvención de un horizonte democrático. También es cierto que, los signatarios de ese acuerdo pudieron haber sido más modestos llamando al documento suscripto sólo "apuntes para un cambio político", asumiendo autocríticamente que igual que la sociedad estaban en la línea de la sobreutilización del concepto "reforma política". Y tal ha sido su abuso que el concepto se transformó en una suerte de universal vacío, sin oportunidad de traducirse en términos operativos a la más descarnada "política" de las relaciones de fuerza. Es que al poco tiempo uno de los firmantes, el presidente Eduardo Duhalde, abandonó la idea de elecciones internas partidarias simultáneas para la elección de candidatos, nada más ni nada menos que para resolver el problema de su sucesión.
La Argentina federal de hoy parece haber olvidado que tuvo una agenda favorable para responder a la necesidad de reforma política. Tampoco, se ha propuesto un "cambio" muy modesto o en todo caso se aceptan dosis mínimas del contradictorio reformismo que viene actualmente de las provincias. En muy pocos meses Misiones, Tucumán, La Rioja y Corrientes han ofrecido las limitaciones de este repertorio de reformismo al abordar sólo el tema de las reelecciones y en algunas, las versiones locales de Ley de Lemas.
GABRIEL RAFART(*)
Especial para "Río Negro
(*) Profesor de Derecho Político de la UNC.
