VIEDMA (AV).- Unas 1.300 leyes y 2.500 decretos quedarán comprimidos dentro del sistema jurídico de la provincia de Río Negro luego de un trabajo de selección específico.
Días atrás comenzó a desarrollarse la etapa final a partir de un profundo análisis científico a cargo de un equipo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La labor académica cuenta con el aporte del constitucionalista Daniel Sabsay, Pablo Revilla de la Procuración Nacional, los catedráticos de esa casa de altos estudios, Mario Rejman Farah, Mario López, la jueza Lily Flah y el experto en derecho laboral Roberto Izquierdo; entre otros.
La actividad estará centrada en encontrar vacíos normativos, contradicciones o fallas estructurales en las leyes.
Al respecto, el presidente de la Legislatura, Mario De Rege, informó que hasta la actualidad se logró conformar una base informática que condensó la mencionada cantidad desde un universo de depuración de 80.000 normas.
Señaló que dentro del esquema de acuerdos celebrados con la UBA tendrá lugar una serie de trámites de interconsulta y cotejo de información entre ambas partes, al tiempo que la comisión provincial del Digesto continúa con propuesta específica de actualización y control de calidad a partir de toda la normativa que sigue surgiendo.
La depuración se puso en marcha un año atrás con la plena aplicación de la Ley Nº 4.039 que incluyó en el Digesto Jurídico a todos aquellos textos ordenados, sistematizados y actualizados de modo continuo, de carácter público y obligatorio.
Una vez concluido ese cometido comprenderá a las normas de alcance general imperantes y vigentes a la fecha de promulgación de la Ley de Consolidación Normativa o a la fecha de la firma del Decreto de Consolidación respectivo por parte del Poder Ejecutivo Provincial, según se trate de las leyes o decretos, respectivamente. Serán incorporadas las cartas orgánicas municipales como también anexos del denominado "cuerpo histórico" de normas.
La colección de datos tiene término de entrega el 31 de julio próximo, fecha en que la obra deberá estar concluida para ser sometida a la aprobación de la Legislatura.
Paralelamente, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán adoptar gradualmente medidas destinadas a adecuar las normas que se dicten hasta esa fecha, al nuevo modelo de actualización.
Un estudio previo elaborado por el Departamento de Informática Jurídica parlamentario determinó que sólo un 30 por ciento de 4.000 leyes están en vigencia.
Los motivos son diversos. Haber sido derogadas, modificadas o bien cumplieron sus preceptos. Se observó que existen temáticas que acumulan más de 20 leyes.