El Parlamento europeo, por amplia mayoría, ha aprobado el informe Fava sobre vuelos secretos de la CIA. El texto contiene graves acusaciones contra 14 gobiernos por su complicidad con las actividades ilegales de los servicios secretos de EE.UU.; condena que "algunos países europeos hayan aceptado y ocultado" el secuestro de al menos 21 sospechosos de terrorismo y su traslado a cárceles secretas en las que se los interrogó, en muchos casos bajo tortura.

El socialista italiano, Claudio Fava, autor del informe, explicó que los 21 casos de detenciones extrajudiciales "son sólo la punta del iceberg". El texto cifra en al menos 1.245 los vuelos de los servicios secretos norteamericanos que sobrevolaron territorio europeo. Considera "inverosímil" que los gobiernos de los países europeos no conocieran la existencia de estos traslados ilegales y pide que la UE aplique sanciones políticas a los países en los que se demuestre que violaron los derechos humanos de los detenidos.

El presidente Bush reconoció, en un discurso del pasado setiembre, la existencia de una red de cárceles secretas en las que se interrogaba y mantenía confinados a sospechosos de terrorismo. Los norteamericanos defienden sus "operaciones de rendición" como una herramienta fundamental en la "guerra contra el terror" declarada tras los atentados del 11-S.

Para Gijs de Vries, el coordinador antiterrorista europeo, "es necesario que Occidente aplique lo que predica" en materia de derechos humanos. "Las prisiones secretas y las detenciones extrajudiciales no son sólo ilegales e inmorales, sino que además son contraproducentes en la lucha contra el terrorismo. (...) Guantánamo es una aberración y Estados Unidos tiene que volver a interpretar correctamente los derechos humanos y la ley internacional. Es esencial para la credibilidad de Estados Unidos y para que la lucha antiterrorista sea efectiva".

Los jueces europeos ya han tomado cartas en el asunto. Un tribunal de Milán abrió, la semana pasada, el primer proceso, acusando a veintiséis agentes del espionaje norteamericano y seis de los servicios secretos italianos, incluyendo su antiguo jefe, Nicoló Pollari. Se los acusa del secuestro del imán egipcio Abu Omar, capturado en Milán por agentes estadounidenses en febrero del 2003 y trasladado a cárceles egipcias, donde fue salvajemente torturado. El gobierno de Prodi aún no ha decidido si pedirá la extradición de los agentes de la CIA implicados, pero muchos de sus ministros exigen que se habilite el trámite.

La fiscalía de la ciudad alemana de Munich ha dictado orden de detención internacional contra 13 miembros de la CIA implicados en el secuestro de Jaled El Masri, un ciudadano alemán, de origen libanés. El Masri fue detenido en Macedonia en diciembre del 2003 y entregado a agentes de la CIA que lo trasladaron a una cárcel de Afganistán, donde pasó cinco meses y fue torturado hasta ser liberado en Albania. El Parlamento alemán también ha abierto una investigación sobre los vuelos de la CIA en territorio teutón.

Está probado que los agentes que secuestraron a El Masri pasaron la noche anterior al secuestro en un hotel de lujo de Palma de Mallorca. Por ello, el Consejo de Ministros español ha decidido desclasificar todos los documentos solicitados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga los vuelos de la CIA que hicieron escala en España y que presuntamente trasladaban a sospechosos de terrorismo a la cárcel de Guantánamo. Un ciudadano español, Mustafá Setmarian, acusado de formar parte de la dirección de Al Qaeda, fue entregado por la policía paquistaní a la CIA en el 2005 y desde entonces permanece desaparecido.

La democracia es un sistema inventado básicamente para limitar el poder de los gobernantes. Pero frente a esa aspiración, el poder político ha tendido siempre a saltarse los límites legales y a crear situaciones de excepción. En Argentina, en los años 70, la política de secuestros, tortura y desaparición llegó a extremos inauditos. Los chupaderos o cárceles secretas se extendieron a lo largo de toda la geografía del país. Los subversivos de entonces equivalen a los terroristas actuales, seres especiales a los que se puede privar impunemente de su condición humana.

Llama la atención que tantos gobiernos democráticos hayan permitido, con sus silencios y complicidades, unas actuaciones en clara violación de derechos humanos fundamentales. Por otra parte, sorprende la indiferencia ciudadana en EE.UU. frente a prácticas totalmente contrarias a las tradiciones liberales de la democracia americana.

Parafraseando a Albert Camus, cabe decir que todos los gobiernos albergan, secretamente, lo inhumano. Sólo la activa denuncia de medios de comunicación y ciudadanos puede poner fin a estas infames contorsiones del poder.

ALEARDO F. LARIA (*)

Especial para "Río Negro

(*) Abogado y periodista. Madrid.