La Corte Suprema de Justicia intimó ayer al gobierno del presidente Kirchner para que en un plazo de 20 días ponga fin a la grave situación que se registra en las cárceles de la provincia de Mendoza.

El sistema penitenciario mendocino fue cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la muerte de 17 presos en 2004.

El tribunal también instruyó a la Suprema Corte y al Poder Judicial provinciales para que, "con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención, que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal".

En setiembre, la CIDH hizo observaciones al Estado argentino por la situación de las cárceles mendocinas y recomendó una serie de medidas para garantizar la vida e integridad física de los presos, las cuales fueron ignoradas.

Organizaciones de derechos humanos reportaron "condiciones infrahumanas" en los establecimientos penitenciarios, como falta de agua, alojamiento en celdas donde los internos duermen en medio de sus excrementos y padecen enfermedades infecciosas.

La Corte, en atención a la falta de respuesta a la orden de la CIDH, intimó al Estado "a que en el plazo de veinte días adopte las medidas que pongan fin a la situación que se vive en las unidades carcelarias" de Mendoza.

Con anterioridad, la Corte hizo lugar a una acción colectiva para proteger la vida de los presos en las cárceles bonaerenses. En los 39 establecimientos bonaerenses están alojados 25.200 reclusos y 85% de ellos están encausados sin sentencia firme. (AFP)