SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El amparo otorgado a un ocupante ilegal que construyó una casa antirreglamentaria en la costa del Ñireco y tiene orden de demolición del municipio fue cuestionado por otro vecino que pidió a la justicia que revoque la medida.

La casa de la discordia es una construcción de mampostería de dos plantas, emplazada sobre un predio fiscal contiguo a las costas del lago Nahuel Huapi y del arroyo Ñireco.

El amparista es Osvaldo Fernández, un trabajador de la construcción de 44 años que manifestó tener un sueldo de aproximadamente mil pesos y tres hijos a cargo. El hombre lleva una década ocupando la costa del lago y el año pasado reconstruyó su vivienda, arruinada por un incendio, pese a las sanciones interpuestas por el municipio. Acorralado por la orden de demolición y la multa de 2.000 pesos impuesta por la jueza de Faltas del municipio, por lo que Fernández, recurrió a la justicia.

Los jueces Alejandro Ramos Mejía, Ariel Asuad y Silvia Baquero Lazcano dieron lugar a la medida cautelar en a la antigüedad de la ocupación y a la condición de carencia del ocupante. En su fallo recordaron al municipio que el derecho a una vivienda digna tiene raigambre constitucional y reviste mayor entidad que el ordenamiento edilicio municipal.

Los argumentos ponderados por los jueces fueron cuestionados por otra vecina, Rebeca Vega, que en una contradenuncia pidió que se revoque el amparo. En su presentación advirtió que "Fernández no es un marginal, es un maestro mayor de obras" con matrícula 82206-3, que "vive en Vilcapugio 1.345 y no en Ñireco Norte".

La denunciante advirtió a los jueces que "Fernández no vive en la casa que motivó este amparo, va los fines de semana para pasear por el lago con un bote a motor" y les recordó que "la Constitución hace referencia a una (vivienda digna), no a dos".

También desmintió que el hombre esté a cargo de sus tres hijos, brindando el nombre y trabajo de su mujer, y sostuvo que "posee una camioneta doble cabina Nissan, dominio AKQ 126", para demostrar que el amparista no actuó de buena fe en su presentación y que engañó a los jueces para obtener su favor.

La presentación abonada con documentación y fotos, también fue remitida al intendente Alberto Icare para solicitar su urgente intervención y la regularización de ese sector de playa ocupado por otras familias.

Los asentamientos irregulares sobre las playas del Ñireco fueron avanzando en forma gradual y se acentuaron entre el 2005 y el 2006, siguiendo el fenómeno registrado en otros sectores de la ciudad.

La zona aledaña a la trampa de salmonicultura en la desembocadura del arroyo sobre el Nahuel Huapi está habitada por una significativa cantidad de familias, algunos con una década de antigüedad, que fueron ocupando espacios públicos ante la indiferencia de los sucesivos gobiernos municipales.