VIEDMA (AV)- El Centro Provincial de Jubilados y Retirados de la Policía de Río Negro viene golpeando sin mucha suerte, las puertas del gobierno provincial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y los despachos de los representantes rionegrinos en el Congreso Nacional al aparecer en las liquidaciones de haberes previsionales para el sector una deducción por el Impuesto a las Ganancias.

Esta situación perjudicial provocó "malestar y preocupación" entre los afiliados a la entidad, según denunció a "Río Negro" el presidente Ricardo Sánchez.

El argumento para protestar es que la aplicación del gravamen tiene un doble impacto entre los pasivos. Apuntan en las gestiones que existen beneficiarios de avanzada edad con sus problemas propios de salud y paralelamente se ve afectada la calidad de vida de todo el grupo familiar.

En el último haber recibido, correspondiente a enero pasado se volvió a incrementar la carga impositiva, detectándose en algunos casos hasta un ciento por ciento de poda. La medida se extendió incluso al considerado personal subalterno -como la categoría de sargentos ayudantes-, quedando virtualmente sin efecto el incremento del 14 por ciento en promedio que se le otorgó al sector pasivo en igualdad de condiciones que el personal en actividad.

La cuestión gravosa apareció para el millar de pasivos en virtud de entrar en vigencia el decreto nacional Nº 314 que elevó el monto mínimo imponible. Esa norma modificó la Ley Nacional Nº 20.628.

En el caso de la Anses, Sánchez mencionó que "esto está generando un importante problema social, y nosotros aceptamos que se nos hagan los descuentos de aportes que corresponden pero no nos reconocen el pago de adicional por Zona Austral".

Los reclamos fueron presentados ante el Consejo Provincial de la Función Pública como también la Unidad de Control Previsional (UCP) y el titular de la Anses, Sergio Massa. También hicieron partícipe de la situación al senador nacional Miguel Pichetto (PJ) y al diputado nacional Fernando Chironi (UCR), entre otros.

La preocupación por el bajo poder adquisitivo está ligada además a una serie de controversias judiciales que el centro policial viene protagonizando con los tribunales federales por aplicación de otros recortes de la Ley provincial Nº 2.989. Esa medida que causó impacto en los activos a fines de la década del '90 fue extendida a los pasivos.