La ex presidente María Estela Martínez de Perón rechazará, por escrito, los cargos que afronta por violaciones a los derechos humanos y buscará probar que fue amenazada por la Triple A, mientras un nuevo grupo de víctimas reclamó ayer el rol de querellante en la causa contra "Isabelita".

Paralelamente, el gobernador bonaerense Felipe Solá salió ayer a criticar a quienes "dicen que el pasado del peronismo está cerrado" y respaldó las investigaciones a la viuda de Perón, que reside en España y es requerida aquí por dos jueces que ya iniciaron los trámites para su extradición.

Solá se refirió, así, al acercamiento a "Isabelita" que tuvo el ex presidente Eduardo Duhalde, quien ofreció cooperar con la defensa de la ex presidente y se alineó con sectores del PJ y el sindicalismo que rechazan las investigaciones a la viuda de Perón.

En Madrid, la ex presidente aguarda la evolución de los juicios de extradición que motorizan, por vías separadas, los jueces federales Raúl Acosta de San Rafael, Mendoza y Norberto Oyarbide, titular del tribunal porteño donde se instruye la causa por los crímenes perpetrados por la Triple A.

Los ex policías Juan Ramón Morales y Miguel Rovira, que habrían actuado como jefes de la Triple A y cumplen arresto domiciliario, apelaron ante la Cámara Federal porteña el fallo mediante el que Oyarbide dictó su prisión preventiva. La defensa de "Isabelita", en cambio, se abstendrá de apelar la resolución de Oyarbide porque el juez dictó la prisión preventiva de la viuda de Perón con el único fin de requerir su extradición a España.

"Vamos a hacer una presentación formal, durante febrero, sobre las cuestiones de fondo" que ventila la Justicia, explicó Neira, que junto a su colega Humberto Linares Fontaine confía en poder probar a la Justicia que "entre la conducta de la señora de Perón y lo que pasó con la Triple A, hay un abismo".

Cuando la ex presidente "tuvo conocimiento de hechos (ilícitos) vinculados a la Triple A, no los ocultó sino que los denunció", aseguró el defensor, y agregó que existen líneas de investigación sobre el accionar de la organización paraestatal que nunca fueron transitadas por los jueces. Mientras, seis víctimas del accionar de Triple A pidieron a Oyarbide ser tenidos por parte querellante, lo que les permitiría acceso al expediente y les daría el derecho de proponer medidas de prueba. (DyN)