BOGOTA (AP).- El senador izquierdista Gustavo Petro denunció que elementos que probablemente hacen parte de los servicios de inteligencia del Estado son los autores de recurrentes amenazas de asesinarlo o atentar contra su familia para evitar un debate contra el presidente Alvaro Uribe.

``Gozan de tecnología sofisticada, han conocido todo mi esquema de seguridad, saben donde tengo una seguridad fuerte y en donde es débil (entre mis familiares) y eso me hace concluir que se trata de gente que tiene algún tipo de vinculación con los servicios de inteligencia del Estado'', dijo Petro durante el congreso del Polo Democrático Alternativo (PDA). Denunció que las amenazas más graves recaen sobre su hermano ya que él goza de una fuerte protección que, según el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es la más estricta otorgada a un dirigente político en Colombia.

El director del DAS, Andrés Peñate dijo el viernes que aún no se podido determinar el origen de la intimidación, pero reiteró que Petro y todos los dirigentes de la oposición gozan de protección para realizar sus actividades políticas. ``La suerte de mi familia más cercana es responsabilidad del Presidente, él negocio con esas personas (los paramilitares), el generó las cosas que hoy se están sucediendo y el debate es sobre lo que ocurrió durante su gobernación en el departamento de Antioquia'', afirmó Petro, que fue guerrillero del M-19 y luego de desmovilizarse al amparo de un proceso de paz, incursionó con éxito en la política.

Uribe fue gobernador del departamento de Antioquia entre 1995 y 1997. El senador sacó a la luz en el congreso la relación de dirigentes políticos y funcionarios regionales con los grupos paramilitares de extrema derecha creados para combatir a la guerrilla.

Algunas de sus denuncias hechas el año pasado, permitieron a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia investigar a 16 congresistas, dos gobernadores, alcaldes y decenas de dirigentes políticos que han sido acusados de varios delitos que van desde fraude electoral hasta la autoría intelectual de asesinatos. Tres de los congresistas investigados ya están en la cárcel y otros seis a la espera de una decisión de la Corte Suprema.