NEUQUEN (AN).- "Tener a mano el extinguidor adecuado puede significar la diferencia entre un daño menor y un desastre", aseguró el concejal Fabián Pelliza (UCR), quien promueve controles sobre las empresas que fabrican, reparan o recargan matafuegos.

Su preocupación reside en que no todos los edificios institucionales, comercios, depósitos, torres de departamentos, hoteles, residenciales e incluso viviendas particulares tienen extinguidores "seguros" en una emergencia.

"Si fallan, un incendio puede llegar a estar fuera de control en minutos", insistió.

Por esta razón Pelliza quiere obligar a los fabricantes, vendedores, recargadores y reparadores a inscribirse en un registro y a cumplir las normas IRAM.

Su iniciativa responsabiliza a los actores de la cadena de comercialización y mantenimiento de los equipos por el mal funcionamiento y a todos ellos les exige adquirir una póliza de responsabilidad civil -como garantía de daños a terceros- no inferior a 100.000 pesos.

El proyecto de ordenanza ingresará en la primera sesión del Concejo Deliberante.

"La falta de regulación implica que personas no autorizadas ni con conocimientos ni elementos idóneos fabriquen y recarguen matafuegos" y por ello "resulta imprescindible establecer sistemas que aseguren razonablemente el buen funcionamiento de los extinguidores", agregó Pelliza.

La iniciativa no sólo crea el registro de fabricantes, vendedores, reparadores y recargadores, sino además ejerce presión adicional obligando a los prestadores a adquirir una tarjeta identificatoria en la municipalidad para ser adosada al matafuegos. Sólo podrán acceder a ella los inscriptos.

En el rótulo debería especificarse la vigencia del equipo, la clase, capacidad, fecha de carga y de vencimiento y la garantía de la empresa "habilitada".

Las empresas que instalan, recargan y/o reparan extinguidores deberán por su parte colocar un dispositivo inviolable en el matafuego como garantía de calidad y en el cual deberá constar el nombre de la firma y de su responsable técnico, por si falla.

Si este proyecto es aprobado, la supervisión del cumplimiento de la normativa será incorporada a las tareas de la subsecretaría de Gestión Ambiental.

Los establecimientos tendrán tres meses de plazo para adecuarse a las nuevos requisitos, de otro modo serán considerados infractores y susceptibles a la clausura.