El gobierno argentino presentará hoy ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una detallada fundamentación de la demanda presentada por la violación del Estatuto bilateral sobre el río Uruguay, a partir de la autorización del gobierno uruguayo para instalar dos pasteras.

Mientras tanto, la Asamblea Ambiental de Colón decidía anoche si continuaba el corte por tiempo indeterminado de la ruta 135, en protesta por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos, o vuelve a los cortes intermitentes de 6 horas rotativas.

Dos de los tres puentes que vinculan a Argentina y al Uruguay a la altura de la provincia de Entre Ríos continúan bloqueados ya que además de Colón, Gualeguaychú mantiene su corte.

En tanto, la fiscal del Estado entrerriano Claudia Mizawak advirtió que los ambientalistas deberán acatar los fallos que emita la Corte Internacional de La Haya porque "ellos solicitaron la intervención" de ese organismo multilateral.

Mientras la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú cumplirá hoy su octava semana de corte ininterrumpido en el acceso al puente General San Martín, ambientalistas de Colón bloquean la circulación vehicular en forma permanente desde el viernes y definían la continuidad anoche.

En tanto, al norte de la provincia, estaba liberado el puente Concordia-Salto, donde los ambientalistas de la zona obstaculizaron el tránsito el viernes durante unas horas.

En el frente diplomático y judicial, la representante legal de la Cancillería en La Haya, la embajadora Susana Ruiz Cerruti, entregará hoy el informe de ocho volúmenes y cerca de tres mil páginas, que contiene la "memoria" de la demanda contra Uruguay en el marco del conflicto por la autorización unilateral para instalar las fábricas de pasta de celulosa proyectadas por Ence y Botnia.

El trámite será puramente formal y burocrático y se realizará por la mañana, en el Palacio de Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia integrada por 15 magistrados.

La Argentina sostiene que el Estatuto del Río Uruguay fue violado en cinco oportunidades por el gobierno del país vecino en lo que constituye "el núcleo de la controversia que planteó la Argentina ante la Corte, en defensa de sus derechos vulnerados", según indicaron voceros diplomáticos.

Esas violaciones marcadas por la Argentina son las dos autorizaciones de Uruguay para iniciar los proyectos de las pastas de celulosa de la finlandesa Botnia y la española Ence; la instalación de un puerto primero y las instalaciones conexas luego en Fray Bentos y por último, el permiso para la extracción de importantes volúmenes de agua para la producción.

"En todos estos casos, Uruguay incumplió normas de procedimiento previstas en el Estatuto, como los mecanismos de información y consultas previas cuando una obra pueda afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del río como recurso compartido", indicaron fuentes de la Cancillería.

El gobierno argentino sostiene además que Uruguay no cumplió con la protección del curso de agua frente a un proyecto industrial que "por su magnitud y localización son pasibles de perjudicar sensiblemente el ecosistema", en alusión a la planta de Botnia.

Una vez entregado el material, Uruguay tiene seis meses para presentar su "contramemoria", y la Corte podrá volver a llamar a audiencias a las partes si lo considera necesario.

(DyN y Télam)