VIEDMA (AV).- Un total de 550 armas de fuego fueron registradas por ciudadanos rionegrinos durante 2006 ante el Registro Provincial de Armas (Repar).
La tenencia de armas de uso civil condicional (consideradas de "guerra") alcanza a 118, mientras que las menores al calibre 38 son 177. Se reportaron 145 solicitudes de credenciales de uso restringido, sumándose 96 para uso civil.
El Repar recibió 14 pedidos de permiso para portación de armas, según la cantidad de trámites contabilizados en la Jefatura de Policía del cual depende el mencionado organismo.
Los usuarios que fueron aceptados como tales debieron superar una instancia legal. Esta obliga a la presentación de certificados en los que conste que no poseen antecedentes penales, de aptitudes física y psíquica; y de idoneidad en el manejo.
También se exige acreditar medios de vida de carácter lícito para lo cual se dividió a los solicitantes en trabajadores con relación de dependencia, autónomos o pasivos.
La autorización de tenencia permite al legítimo portador emplearla sólo con fines lícitos, transportarla, adiestrarse y practicar en polígonos oficiales.
Si bien resulta difícil hacer una ponderación oficial desde el Repar por el volumen que puede estar en manos de la sociedad, una encuesta nacional sobre Factores de Riesgo del Ministerio de Salud Pública, da cuenta que en Río Negro existen 32.000 en poder de los civiles.
El relevamiento efectuado durante 2005 en 23 jurisdicciones ubica un total del país de 2,2 millones encabezándolo la provincia de Buenos Aires.
El Repar admite 377 recuperadas compulsivamente, de las cuales el mayor promedio pertenecen al Alto Valle y Bariloche. Por caso, en setiembre pasado en esta última ciudad, autoridades comunales y judiciales entregaron una docena al Registro Nacional de Armas (Renar) para su destrucción, sobre unas 150 incautadas en distintos operativos policiales-judiciales llevados a cabo durante 2005.
Un 60% de las recuperadas reviste las características de construcción calificadas como "cortas o de puño", cuyos proyectiles abarcan los calibres 22 y 32. El resto se compone de carabinas 22, escopetas recortadas en forma artesanal y las denominadas como "tumberas" requisadas en ámbitos carcelarios.
La destrucción de este tipo de armamento -secuestrados o bien abandonados- asciende a más de 58.000 en la Argentina desde 1993 en adelante, de acuerdo a datos difundidos por el Renar.
Para asegurarse que no vuelvan a circular, se utiliza un proceso de fundición recomendado por la Organización de las Naciones Unidas.
El Congreso Nacional aprobó a fines del año pasado un plan de desarme que prevé la entrega de armamento a quien lo tenga en su poder, siendo como condición que no se investigará el origen ni se producirán persecuciones.
