ROCA (AR).- El PAMI volvió a los incumplimientos con las clínicas y sanatorios privados del Alto Valle. Por eso, durante las próximas horas comenzará a recibir cartas documentos para que cancele cuanto antes una deuda que asciende a 2,5 millones de pesos.

Según informaron referentes de los centros asistenciales, la obra social de los jubilados arrastra compromisos impagos desde el mes de agosto. Ese mes dejó pendiente el 25%, pero en septiembre pagó sólo la mitad de las prestaciones y en octubre quedó debiendo el 75%.

Los dueños de los centros asistenciales están convencidos que los servicios brindados en noviembre quedarán sin cancelar por completo y -teniendo en cuenta los recesos en la administración pública- diciembre será otro mes que engrosará la lista de incumplimientos.

Cartas documento

"Ante el incumplimiento de vuestra parte en el pago de las prestaciones brindadas a sus afiliados y siendo que esta situación de morosidad pone en riesgo la capacidad prestacional de la institución por el desfinanciamiento producido por vuestra parte es que los intimamos para que en el perentorio plazo de cinco días regularicen la situación planteada", expresan las cartas documentos.

En tanto, se advierte que "la falta de pago en el término acordado nos impedirá cumplir con las prestaciones requeridas por vuestros afiliados".

Las intimaciones partieron desde el área legal de cada una de las clínicas de la región porque desde mediados de año el PAMI estableció convenios particulares con cada uno de los prestadores.

Fuentes consultadas en uno de los centros de Roca especificaron que los 2,5 millones acumulados en la deuda corresponden a agosto, septiembre y octubre, es decir que crecería considerablemente si noviembre y diciembre se suman por completo.

De esta manera, la normalidad en las prestaciones para los jubilados vuelve a quedar en riesgo a muy pocos meses del conflicto que derivó en un prolongado corte de los servicios.

En esa oportunidad hubo diferentes hechos que sumaron tensión.

En primer lugar, el PAMI decidió firmar un convenio de exclusividad para las prácticas de alta complejidad con una institución de Cipolletti. Y más tarde exigió al resto de los prestadores firmar acuerdos particulares y capitados, para dejar atrás el sistema de pagos por cada servicio brindado.