VIEDMA (AV)- La Unter rechazó y repudió la actitud de los legisladores que aprobaron la Ley vinculada al funcionamiento de las escuelas privadas.
El secretario General del gremio docente, Carlos Tolosa, responsabilizó a los diputados provinciales que votaron la norma de contradecir la Constitución provincial y la propia Ley de Educación de Río Negro, "una norma progresista que de esta forma la han trasformado en una norma de derecha en el sentido que ahora se podrá cobrar pero lo más grave es que estos diputados han dejado abiertas las puertas para que los establecimientos privados arancelados, en el caso de trasformarse en fundaciones con carácter social, podrán solicitar subsidios al Estado".
Estimó que esto "le costará más plata a la provincia que seguramente no lo veamos en 2007 porque hay elecciones, pero no me cabe duda que esto permitirá a este tipo de establecimientos que soliciten subsidios y el Estado estará obligado porque ahora está contemplado en la Ley de Educación".
En este marco Tolosa responsabilizó a los legisladores que votaron esta norma de todos los inconvenientes que "esto generará y no sería raro que dentro de 10 años una cooperadora de escuela estatal se transforme en fundación y solicite también un subsidio para ese establecimiento educativo".
Sostuvo que la modificación aprobada "es grave desde lo institucional, ideológico y desde lo político" y destacó que "evidentemente la Iglesia católica le ha hecho sentir su peso político a los legisladores del oficialismo".
No obstante el dirigente gremial interpretó que era necesario normatizar el funcionamiento de los establecimientos públicos de gestión privada, social y privada arancelada. Enfatizó que el problema se genera en el artículo 112 que votaron los diputados del oficialismo y la justicialista Marta Borda que fija el cobro de aportes a las escuelas públicas de gestión privada contradiciendo lo que establece
la propia ley de educación Nº 2,444 y la Constitución rionegrina que establecen que los establecimientos subsidiados "deben ser gratuitos y respetar los lineamientos pedagógicos del Consejo de Educación, cuestión que se cumple "pero ya dejan de ser gratuitos y de tener una función social desde el momento que se debe pagar un aporte contradice la Constitución".
Opinó que esta aprobación que habilita legalmente el cobro de aportes "es un retroceso en la educación pública de Río Negro no así la reglamentación de los establecimientos públicos de gestión privada que era necesaria".
Tolosa reiteró el pedido "urgente" de la paritaria y anticipó que se insistirá en el debate salarial en el marco de la Ley nacional de Financiamiento Educativo. Adelantó que en paritaria se planteará como tema prioritario que las cinco Juntas Médicas de Educación se expidan antes del 12 de febrero en relación a los docentes que se encuentran de licencia por largo tratamiento porque de lo contrario no podrán asumir.