ROCA (AR).- El radicalismo avanzó para determinar la responsabilidad del intendente de Roca, Carlos Soria, en la licitación de las 50 cuadras de asfalto que el gobierno nacional aceptó pagar 3,7 millones de pesos de más.

El bloque de concejales de la UCR presentó ayer un pedido de informes para que el mandatario local explique cuál fue su participación en el proceso.

De esta manera se planteó un escenario comprometedor para el jefe comunal, que debería dejar asentado por escrito que toda la responsabilidad por la adjudicación de la obra a la empresa Juan Felipe Gancedo SRL fue de Nación, tal cual lo afirman en su entorno desde que "Río Negro" difundió el caso.

La alternativa para Soria sería eludir una respuesta inmediata a los ediles, corriendo el riesgo de que se incrementen las objeciones por su pasividad ante un hecho que podría resultar perjudicial para el Estado.

Cabe recordar que el Ministerio de Planificación Federal de la Nación aceptó pagar por las 50 cuadras de pavimento de hormigón 11,5 millones de pesos a la firma Gancedo, descartando en la licitación las propuestas de dos UTE (unión transitoria de empresas) que estimaron el costo de los trabajos en 7,4 y 7,7 millones de pesos.

La constructora que se impuso

es la misma que durante los últimos años realizó numerosas obras de pavimento y viviendas en la provincia de Santa Cruz.

El escrito del bloque radical apunta a conocer todos los detalles del pliego, en especial los que detallan derechos y obligaciones mutuas. También se pidió saber qué partida presupuestaria asignada del Presupuesto Nacional corresponde al proyecto y qué número cuenta del municipio hay habilitada al efecto. "En caso que los pagos se efectúen directamente a la empresa adjudicada por parte del Ministerio de Planificación, informe los mecanismos implementados por el municipio para el contralor del avance de obra (adelantos y certificaciones) y liquidación final", agrega el documento que ingresó directamente a la Intendencia, porque el Concejo ya está de receso.

En tanto, la UCR reclamó datos sobre los funcionarios municipales y nacionales que participaron en las negociaciones para la presentación de los distintos proyectos, y puntualmente para la adjudicación de los recursos. También se preguntó sobre "los criterios para fijar el presupuesto oficial sobre cuarenta y cinco (45) cuadras por $ 9.995.000,00"; "los criterios para desechar las propuestas perdedoras" y "los motivos por los cuales localmente se preadjudicó y luego se desestimó a la empresa Oriente - ECA".