VIEDMA (AV).- La Legislatura rionegrina aprobó ayer cambios en el funcionamiento de los ministerios públicos, incluyendo la creación de la policía judicial.

Aprobado en primera vuelta, el proyecto de la ley Orgánica del Ministerio Público avanza un poco más hacia el proceso penal acusatorio, depositando en los fiscales toda la investigación.

Por lo pronto, la mayoría de los diputados votaron a favor de separar a los fiscales de los defensores oficiales, otorgando nuevos elementos y estructuras a los ministerios públicos. Los votos en contra se fundamentaron en los costos que exigirán estas estructuras.

Generado en la Comisión Especial de la Reforma Política, el apoyo correspondió al oficialismo, a Encuentro, a Claudio Lueiro (PPR), Francisco Castro (PDP) y Osvaldo Muena (Mara). Los rechazos fueron de la arista Magdalena Odarda, de Celia Grafigna (Mad), Marta Borda (26 de Julio), el 17 de Noviembre y el PJ.

Lo más complicado perteneció al bloque justicialista, con autoría en el proyecto original, pero ayer votó en contra porque actualmente no están dadas "las condiciones fiscales" de Río Negro. Esta revisión difícilmente puede separarse de las fuertes críticas planteadas esta semana por el senador Miguel Pichetto a la iniciativa por sus erogaciones.

La diputada Marta Milesi destacó que el proyecto conforma "un paso más hacia delante para aplicar en Río Negro un sistema procesal penal acusatorio, que se define como antítesis al sistema inquisitivo". En aquel sistema, "el juez no puede actuar de oficio porque toda la acusación estará a cargo de la fiscalía".

Mientras tanto, Encuentro -a través de Fabián Gatti- ratificó el acompañamiento de la reforma, pero advirtió que "se debe evitar que una buena iniciativa se puede transformar en un fracaso". Por eso, insistió en "la gradualidad" de su aplicación, proponiendo que la norma no tenga vigencia hasta un año después de su publicación en el Boletín Oficial.

En cambio, el justicialista Ademar Rodríguez recordó su apoyo a la propuesta para la creación del ministerio Público Fiscal, pero destacó que preveía para su aplicación "algún superávit fiscal". Reafirmó que actualmente no se está en esa situación, incluso destacó que hasta desde el Superior Tribunal de Justicia "hacen planteos públicos por la insuficiencia del presupuesto".

También Odarda, del Ari, recordó la oposición de los miem

bros del STJ como un argumento central para su rechazo. Los jueces Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas "no lo avalan" por limitaciones presupuestarias para implementar la policía judicial. También aludió a criticas particulares de Luis Lutz, como "excesivo reglamentarismo en el texto" y, entre otras, la determinación de un "régimen propio de remuneraciones".

Los recursos y la "creación de nuevas estructuras" fueron argumentos utilizados por Borda para su rechazo.

Igual, calificó de "obsceno que los jueces perciban haberes de 15 a 22 mil pesos por mes, sin estar obligados a tributar el impuesto a las ganancias".

Finalmente, el radical Oscar Machado cuestionó el rechazo fundado en cuestiones presupuestarias cuando la misma oposición se opuso la semana pasada a los lineamientos del presupuesto oficial.