NEUQUEN (AN)- El asesinato de las hermanas Buamscha, ocurrido el 20 de marzo del 2005, provocó una enorme conmoción en Junín de los Andes. Toda la cúpula policial se instaló en esa ciudad y lo mismo hizo el entonces ministro de Seguridad, Luis Manganaro. Pero lejos de ayudar al esclarecimiento del crimen, semejante desembarco provocó confusión, tareas mal coordinadas, superposición de esfuerzos, entre otros males. El resultado: hay un solo sospechoso próximo a cumplir dos años detenido sin haber sido llevado a juicio.

La Cámara de Zapala nunca ahorró críticas a la actuación policial y judicial. Ahora le sumó un cuestionamiento más. En el fallo, el juez Víctor Martínez recordó la presencia de Manganaro en Junín para, según dijo a la prensa, "garantizar que ningún burócrata de turno dificulte una investigación que debe tener resultados positivos".

A criterio del camarista, esto "sugiere que de hecho existió una virtual supresión de garantías constitucionales que tuvo como actores, entre otros, paradojalmente, a quienes tienen a su cargo el control de la vigencia irrestricta de ellas".

Como resultado, un sospechoso llamado Pablo González fue detenido y torturado por lo que tres policías fueron condenados.