VIEDMA (AV).- Los reclamos resarcitorios de la empresa tenedora del Cedepre, acciones de la provincia para recuperar los desembolsos por la operación y otras por las responsabilidades de las entidades que debían controlar, son las líneas fijadas por el Superior Tribunal de Justicia en la esfera Civil en el caso del polémico bono provincial. Esas precisiones pertenecen al juez Víctor Sodero Nievas, uno de los dos votos con los que el STJ resolvió la invalidez del Cedepre. Además, ese magistrado afirmó que la continuidad de la investigación penal por los ilícitos en la operación, corresponde exclusivamente a la evaluación del juez Carlos Reussi.

Al absolver a Tulio Bo y a Norberto Fano, la Cámara ordenó a Reussi avanzar en otras líneas investigativas y, además, requirió al Consejo de la Magistratura evaluar el accionar del juez Jorge Bustamante por la "unidireccionalidad" de su instrucción, excluyendo de la misma a funcionarios públicos.

El Cedepre fue emitido en lámina única en 1996 por el gobierno de Pablo Verani cuando debía usarse para cancelar obligaciones con jubilados. En 1998, ese bono apareció en el mercado internacional en poder de la empresa Unicorn. Ese año, la provincia presentó en el juzgado Civil de Fermín Donate una acción para que se declarara su invalidez. Días atrás, el STJ avaló esa pretensión a partir de una derivación del expediente penal.

Pero Sodero Nievas adelantó que Donate está "obligado a seguir el mismo derrotero" a partir de la resolución del STJ que firmó además Alberto Balladini.

- ¿Quedan abiertos posibles resarcimientos para la empresa tenedora del bono?.

- Si acredita la buena fe. Puede ser parte o puede ser damnificada. Será materia de una nueva controversia. También imponemos que la Fiscalía del Estado estudie acciones por los perjuicios contra el Estado.

- ¿El fallo del STJ qué pasos civiles deja para conti

nuar?.

- Tres: el Estado como damnificado, los adquirentes que tendrán que acreditar la buena fe, y la responsabilidad de los intermediarios -Exprinter y Caja de Valores- en orden al ejercicio que fue asignado por la legalidad del título.

- Estas acciones no están en la resolución.

- Están insinuadas porque son cuestiones que excedían la controversia penal que había llegado a juzgamiento. Son líneas orientadoras.

- En su fallo del juicio, la Cámara dispuso que el juez Reussi continúe la investigación en otras líneas. ¿Qué pasa ahora con esa investigación?.

- Al juez le corresponde y tiene facultades para decidir cómo sigue.

- También la Cámara cuestionó el accionar en la instrucción de Bustamante y pidió su investigación. ¿Algo cambia?

- Ese análisis ya fue al Consejo de la Magistratura.

- Al ratificar la absolución de Bo, el STJ aplica el plazo razonable para un proceso. Se trata de un cambio, pues en otras causas -como en la del ex BPRN- no se aplicó este criterio.

- Son cuestiones parecidas, pero distintas. La causa del BPRN tuvo actividad de la Justicia de Río Negro y también de la Corte que interrumpió el curso normal, generando una instancia revisora. Hubo muchos recursos, como 57 acciones ante el STJ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos propone mirar en cada caso la garantía de plazo razonable porque algunas demoras se vinculan a la actividad recursiva de las partes. Nada de eso ocurrió en el Cedepre.'