Desde junio de 1986 hasta octubre de 1989 en que fue consejero del BPRN y entre octubre de 1989 y abril de 1991en que se desempeñó como ministro fueron numerosas las órdenes de pago, los decretos y resoluciones, así como los expedientes de crédito, que Nouche firmó como parte del equipo de gestión de un gobernador que parecía tener todo el funcionamiento del Estado dentro de su cabeza: él mismo hacía declaraciones, anunciaba las obras, viajaba a Buenos Aires para las relaciones con la Nación, recorría la provincia, se reunía con empresarios... todo.

Pero a la hora de establecer la responsabilidad penal por las acciones ruinosas en el ex Banco de la Provincia de Río Negro, sólo algunos colaboradores de jerarquía recibieron el peso de la ley, aun leve, mientras que el responsable de la gestión no fue siquiera imputado. Y, por esa razón, entró ahora a Tribunales como profesional del Derecho, en lugar de seguir la suerte de quienes ejecutaron sus directivas.

No obstante, si al proponerse como abogado defensor de su ex ministro Nouche, Horacio Massaccesi buscó una tribuna para intentar justificar las políticas de su gestión, no tuvo éxito sino que resultó escaldado.

En la sentencia, los jueces descalificaron tal pretensión. Consideraron que sus argumentos hubieran sido relevantes si, "gracias a lo actuado por el imputado y por el Banco", se hubiera sostenido el aparato productivo provincial y hoy éste diera sus frutos. Dijeron que, en cambio "se debe recordar que aquí se tiene en juicio la asistencia a tres empresas y que ya no existen", pues "ni eran viables en aquella época", lo que hace que el discurso del ex gobernador "se desvanezca por insustancial".

A diferencia de lo que ocurrió con Rodolfo Bou Abdo y Guillermo Speratti, los jueces coincidieron en que Nouche "conocía claramente los alcances implícitos o explícitos de cada acto celebrado en perjuicio de la entidad".

Siendo eso verdad, resulta difícil creer que quien ocupaba entonces el cargo de gobernador no conociera la naturaleza delictiva de incumplir normas del Banco Central y leyes provinciales para entregar millonarias sumas a empresas amigas e insolventes que nunca devolverían el dinero. Podría presumirse su desconocimiento si, en el momento en que trascendieron los hechos, hubiera tomado la decisión de separar de sus cargos a los implicados y favorecer la investigación. Es sabido que no fue así.

En otro sentido, si Nouche por ser contador no podía ignorar lo que firmaba, la contracara es no menos preocupante: Bou Abdo y Speratti eludieron el peso de la ley luego de que los jueces concluyeran que no tenían idea de lo que habían avalado. Un funcionario tiene el deber de desempeñar el cargo con honestidad, pero como condición previa debe tener la posibilidad de comprender lo que esto implica en los asuntos puestos a su firma.

En todo caso, no es neutral que un gobierno completara el número de integrantes del Consejo de Administración de un banco estatal con personas dispuestas a firmar a tontas y a locas, aun cuando de ello resultara comprometer grandes sumas de dinero que les pertenecían a los contribuyentes rionegrinos.

Pero si la Justicia pareció mirar para otro lado cuando, durante la Instrucción, las evidencias apuntaban a la máxima instancia del gobierno provincial, no hizo menos la Legislatura.

Así, no hubo reproche político y las condenas penales pueden considerarse "simbólicas", si se las compara con la escala con la que se reprimen otros delitos. Por alguna razón, los hechos de corrupción tienen previstas penas relativamente bajas, lo que hace suponer que no se tiene la fe pública y la credibilidad en las instituciones como valores afectados por un ilícito de estas características.

Esta Justicia a medias tintas, plagada de omisiones, se reproduce en forma similar en la causa por la emisión y negociación ilegal del título Cedepre.

En ella, la Instrucción eludió imputar responsabilidad al ex gobernador Pablo Verani, aun cuando es innegable que él firmó dos decretos ilegales: el que dispuso la emisión en lámina única de un bono que había sido creado por ley para ser distribuido en forma opcional entre los jubilados, para devolverles un aporte extraordinario declarado inconstitucional; y el que autorizó al secretario general de la Gobernación, Jorge Acebedo, a gestionar la negociación de ese título, pese a que la Ley de Ministerios otorgaba en forma exclusiva esa facultad al ministro de Economía.

El galimatías jurídico construido durante la Instrucción para ignorar lo obvio derivó en que, finalmente, la escandalosa operatoria quedara sin sanción penal.

Sin que nadie haya puesto las cosas en su sitio cuando era momento, el Superior Tribunal de Justicia invocó ahora que en una instancia anterior había sugerido ampliar las responsabilidades civiles a los funcionarios rionegrinos y se abocó a declarar la invalidez del título, algo que la Cámara del Crimen consideró que no era de su competencia. En la resolución, los jueces del STJ se basan en que es deber de un juez evitar que alguien se beneficie de un hecho ilícito y que sólo cabrán, por parte del tenedor del título, acciones para resarcirse de lo gastado si prueba ser adquirente de buena fe.

En definitiva: tienen por cierto que la emisión y negociación del bono Cedepre fue un ilícito, por lo cual se apuraron a considerarlo inválido como acto administrativo. Pero, en concreto y a excepción de alusiones de la Cámara, no ha habido imputación al ex gobernador Pablo Verani, quien ordenó su emisión por decreto, lo firmó en un papel único sabiendo que violaba la ley y facultó a su amigo a gestionar su negociación, a la vez que omitió publicar en el Boletín Oficial los decretos porque sabía que resultaban ilegales.

No es infrecuente que las causas de corrupción deban atravesar verdaderas carrera de obstáculos. Pero lo visto en estos dos expedientes desalienta.

Otros casos que involucran a personas que estuvieron vinculadas a altos sectores de gobierno como la investigación de presuntas coimas y empresas "fantasma" en relación con los juegos administrados por el Estado siguen saltando vallas. Y aún no es posible predecir su destino.

Y si en todas partes la Justicia tiene estatura humana, lo que la liga irremisiblemente con la imperfección, la práctica cotidiana de ese poder en Río Negro muestra todavía enormes distancias con la imagen que le devuelve el espejo. Una distancia que, sería de esperar, fuera mejorando sus contornos en el futuro próximo.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar