Treinta y tres nuevos procesamientos y embargos que promedian los 250 millones de pesos fueron dictados por el juez federal Sergio Torres en la causa en que investiga violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La decisión incluye la ampliación de los procesamientos -por 617 nuevos casos- de la mayoría de los ex jefes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaban en la órbita de la ESMA.
Los procesamientos incluyen al ex oficial naval Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo del fallecido homónimo represor que tenía a su cargo el Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura y que encabeza la carátula de otra "megacausa" reabierta tras la nulidad de las leyes de impunidad.
"Los ilícitos investigados en esta causa no resultaron producto de una decisión solitaria sino que son consecuencia de un modo de acción que aquellos que detentaban el poder habían decidido", dijo Torres en uno de los párrafos de las más de 600 carillas que componen su resolución.
Allí el magistrado aludió a la "existencia de un plan delineado previamente mediante el cual se había acordado la 'eliminación de grupos subversivos'" y que consistía en secuestrar a las víctimas y trasladarlas a la ESMA.
En ese centro los "sometían a interrogatorios para obtener 'a cualquier medio' información", recordó el magistrado al suscribir la voluminosa resolución en esta "megacausa".
Para ello había que "mantener el plan en las sombras", lo que requería la interrelación entre oficiales de la Armada, del Ejército, Policía Federal, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario.
La medida del juez Torres alcanzó a Jorge "el tigre" Acosta, Oscar Montes, Alfredo Astiz, Manuel García, Antonio Pernías, Alfredo González, Jorge González, Jorge Perren, Jorge Rádice, Francisco Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Savio, Pedro Santamaría, Néstor Cardo y el ex comisario Ernesto Weber. Ricardo Corbeta, el oficial del Ejército Julio Coronel, Juan Azik, Hugo Damario, Carlos Fraguio, Carlos Generoso, Jorge Magnaco, Suárez Mason (h), Carlos Pazo, Rogelio Martínez Pizarro y el vicealmirante Antonio Vañek, entre otros.
El juez consideró que, desde sus distintos roles de actuación, todos ellos hicieron "aportes imprescindibles" para que se pudieran perpetrar esas más de seiscientas nuevas gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en la ESMA.
