NEUQUEN (AN).- El misterio en torno a los candidatos que ocuparán los cuatro sillones que le corresponden a los bloques mayoritarios de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura lentamente se cae. Ayer, los diputados peronistas Ariel Kogan y Gabriel Romero acordaron designar al abogado Gustavo Olivera para ocupar el puesto por el PJ en el nuevo organismo. Los legisladores menemistas de Apertura Popular nombrarán al asesor legal del bloque Enry Rebolledo.
El MPN, en cambio, mantiene en reserva el nombre de sus dos representantes. Y todo indica que los revelarán mañana, cuando finaliza el plazo previsto por la ley que reglamentó el funcionamiento del Consejo.
Los consejeros serán oficializados en la sesión convocada para mañana desde las 11, para que la Cámara tome conocimiento de los designados para integrar el Consejo. El cuerpo se completará con un vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos abogados de la matrícula que elegidos por el voto directo de sus pares en febrero.
El nuevo organismo estará en funcionamiento desde el próximo 1 de marzo. Y los consejeros tendrán la misión de seleccionar a los futuros jueces y funcionarios judiciales y de evaluar en forma periódica -cada 4 años como mínimo- a quienes están en funciones.
Percibirán un sueldo equivalente a un juez de Cámara que supera los 12.000 pesos tras los aumentos últimos autorizados por ley.
La designación de los consejeros generó tironeos en el bloque del PJ y de Apertura Popular por la cantidad de aspirantes en un espacio de poder clave.
En el PJ hubo humo blanco ayer después del mediodía. Romero impulsaba a Olivera y Kogan respaldaba al abogado, y uno de los apoderados del Partido Justicialista, Gustavo Mazieres, alineado con el parrillismo. Fuentes legislativas aseguraron que también el nombre del ex legislador Aldo Duzdevich estuvo firme hasta último momento. Finalmente, tras varios cabildeos, acordaron nombrar a Olivera como consejero titular y Mazieres suplente.
Olivera fue querellante, en representación de la familia Carrasco, en el caso del soldado asesinado en el regimiento de Zapala. También defendió a la ex diputada nacional (y madre de Romero) Norma Miralles, en la causa de los ATN. Hoy, defiende a Jorge Jorajuria, el único procesado con prisión preventiva por el asesinato del comerciante Julio Venegas.
