Las asignaciones familiares nacen con el principio de redistribuir ingresos sobre aquellas personas más necesitadas.

Este beneficio tiene como objetivo mejorar el ingreso de los hogares, en función de su tamaño y estructura, en lo que puede considerarse como parte de la política social de un país.

Sin embargo, el efecto de proteger a los sectores más débiles de la sociedad no se cumple porque los beneficios se otorgan sólo a los trabajadores que están dentro del sistema 'formal' que son, en muchos casos, los que no necesitan la ayuda del Estado. Este es un aspecto que merece particular atención ya que el 50% de los hogares no tiene acceso a las asignaciones (trabajadores en negro) y es este porcentaje de la población la que se encuentra por lo general excluido de todo sistema, presentando muy bajos niveles de ingresos.

El otro punto para analizar es que, dentro del universo de las familias con salarios formales, una parte importante de ellas presenta ingresos tanto por el lado del padre como por el de la madre. Hoy es difícil encontrar parejas donde sólo trabaje uno de los cónyuges. Ahora bien, si el padre de familia gana 10.000 pesos o más por mes, por dar un ejemplo cualquiera, y por otro lado su pareja percibe 3.000 pesos mensuales, la familia está en condiciones de percibir el beneficio de las asignaciones, independientemente del alto ingreso que el grupo familiar presenta.

Toda una contradicción para la ley por la que fue creado este beneficio.

A fin de optimizar los recursos del Estado -y que éstos lleguen a quien verdaderamente lo necesite- sería razonable excluir de este beneficio a sectores de trabajadores formales de ingresos medios/altos y realizar cruces de información para establecer verdaderamente qué es lo que gana un grupo familiar. Un tema que, por ahora, no está en la agenda del gobierno nacional.