Los miembros de organismos de derechos humanos reiteran desde hace años que en la cárcel de Roca "el problema no es de ladrillos".
Refieren así a la necesidad de cambios culturales en la relación con los detenidos, signada durante la última década por las denuncias de abusos, torturas y omisiones que permitieron -el caso de Enzo Pérez fue emblemático- vejaciones brutales entre los propios internos.
El gobierno provincial respondía obstinadamente con anuncios de infraestructura a los dilemas devenidos de la formación de sus empleados apostados murallas adentro de la hacinada alcaidía.
Recién a principios de este año, cuando una sucesión de muertes y acusaciones contra el personal policial elevaron la tensión en un ambiente que de por sí transcurre sus días al límite, la implementación efectiva del Servicio Penitenciario Provincial significó un remanso para tanto mar picado en el predio del norte roquense.
Pero más tarde, el 31 de agosto, llegó la inauguración de las remodelaciones y el gobernador, Miguel Saiz, se despachó "dedicando" la obra a los que decían que el gobierno gastó 14 millones de pesos y los presos seguían en condiciones infrahumanas".
Al margen del estilo del titular del Ejecutivo, la víspera de Navidad y Año Nuevo deja claro que en ciertas oportunidades la cautela es preferible a la euforia ligera de quien no advierte que simplemente está cumpliendo con obligaciones postergadas durante años por sus antecesores.
Porque, sin olvidar que fueron asignados mediante una contratación directa, los 14 millones de pesos de inversión tan promocionados quedaron ahora bajo la lupa.
Ocurre que apenas en una semana los presos demostraron dos veces que vencer las paredes de las construcciones significa para ellos un juego de chicos.
Como si fuera poco, la gran cantidad de facas secuestradas en las requisas realizadas hasta ayer no demuestra la eficiencia policial en los controles sino más bien que la estructura de rejas utilizada para las nuevas celdas es la materia prima de más sencillo acceso para construir las armas que dirimen todos los conflictos que se suscitan en los pabellones.
Sumado a esto, el trato a los presos nunca dejó de preocupar. El ingreso de uniformados con bastones y armas largas a la cárcel, ayer a primera hora, agregó intranquilidad a la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Ana Calafat, a quien no dejaron entrar y fríamente le explicaron: "Es una requisa general. No queremos fugas".
Nadie pudo quitarle la sensación posterior de que el objetivo se cumpliría a cualquier precio.
Sería injusto afirmar que el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad no ejecutaron acciones para dejar atrás problemas crónicos de la cárcel de Roca. Es posible que las condiciones infrahumanas hayan variado hacia un escenario menos desalentador.
Pero la llegada de las fiestas de fin de año, el período históricamente más conflictivo por el deseo de los presos de estar junto a sus familiares, encuentra al gobierno enfrentando los mismos problemas de siempre.
Está claro que el déficit principal es de naturaleza cultural, pero la facilidad con la que un grupo de detenidos complica la vida de sus celadores también indica que en la alcaidía hay un problema de ladrillos. Y que persiste, 14 millones de pesos después.
HUGO ALONSO
halonso@rionegro.com.ar
