BUENOS AIRES - El ex presidente Fernando de la Rúa ampliará al lunes su declaración ante el juez federal Daniel Rafecas, quien luego resolverá si procesa al ex mandatario bajo el cargo de haber sobornado a un grupo de senadores para obtener, en el año 2000, la aprobación de la ley de Reforma Laboral.

La nueva indagatoria fue requerida por la defensa de De la Rúa, quien el 5 de junio declaró por más de 10 horas ante Rafecas y negó haber utilizado fondos de la SIDE para comprar votos en favor de la norma, que según el radical tenía en abril de 2000 "el apoyo de Carlos Menem y de Eduardo Duhalde".

Rafecas prepara la elevación a juicio de una parte del expediente por el presunto reparto de coimas, en base a un requerimiento del fiscal Federico Delgado, quien sostuvo que el "pacto ilegal" para quebrar la voluntad del bloque del PJ que rehusaba votar el proyecto de ley, se gestó en el propio despacho del entonces jefe de Estado.

La Fiscalía pidió que sean enjuiciados por cohecho el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, los ex senadores nacionales José Genoud, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell, Ricardo Branda y Emilio Cantarero y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.

Hace tres años, el 12 de diciembre de 2003, Pontaquarto declaró que personalmente había retirado de la SIDE cinco millones de dólares que el 26 de abril de 2000, cuando el Senado aprobó la ley, fueron distribuidos entre funcionarios del Ejecutivo y legisladores.

En base al relato de Pontaquarto, al que De la Rúa ha acusado de mendaz, el fiscal dijo que el 4 de abril del 2000, en la Casa de Gobierno, el presidente recibió a "su correligionario Genoud", a los peronistas Alasino, Tell, y a Pontaquarto "afiliado al partido radical y fiel colaborador, por entonces, de José Genoud". Sobre el final del encuentro, se sumó Flamarique, describió Delgado, quien agregó que el motivo de la reunión era definir cómo el gobierno lograría "que la oposición cambie de postura y apoye la iniciativa oficial" de flexibilizar el régimen laboral en base a exigencias del FMI.

Según Delgado, en la reunión "Genoud le explicó al presidente que el PJ, para apoyar la sanción de la ley, reclamaba dinero (...) Si no recibían dinero, no habría ley, y si no había ley la cosa no se ponía bien para el oficialismo, como lo había reconocido el De la Rúa, al abrir el período de sesiones ordinarias de Congreso (en el 2000), cuando explicó que ya había dialogado con algunos senadores para que apoyen la reforma laboral".

De la Rúa ha rechazado todos los cargos en su contra y aseguró que la investigación que conduce Rafecas constituye una operación política del gobierno de Néstor Kirchner, al que reprochó no haber levantado el secreto que protege el movimiento de fondos de la SIDE porque, según el radical, esa medida podría demostrar que las arcas de la Secretaría no salió dinero sucio. (DyN)