Viedma (ADN).- En medio de un desconcertante operativo para evitar identificaciones, el suboficial retirado de la Policía Federal Carlos Contreras –que vive en Viedma- se aprestó a declarar hoy ante la jueza federal Mirta Filipuzzi y otros dos funcionarios judiciales por causas vinculadas con la desaparición de personas y torturas ocurridas hace más de 30 años.

Ayer, el comisario Héctor Abelleira, imputado en ocho causas derivadas de la dictadura militar, y el suboficial Oscar Goncalves declararon casi seis horas en sede judicial, pero al final lograron eludir las tomas fotográficas de los reporteros, cuando salieron del edificio por una puerta alternativa no habitual.

Esta mañana, Contreras llegó temprano al Juzgado Federal, pero advertido de la presencia de periodistas de ADN permaneció varios minutos de espaldas y, por eso, evitó ser fotografiado. Después, guiado por su abogado defensor, Eduardo San Emeterio, ingresó a un despacho, previo al lugar donde sería indagado por Filipuzzi, la secretaria María Mercedes Barcos y el prosecretario, Néstor González.

Consultado por ADN, negó estar ahí para prestar declaración y se mostró muy incómodo con la presencia peridística. Un rato antes, llegó al lugar un policía uniformado que, rápidamente, pasó a una antesala del principal despacho judicial y, aparentemente, permanecerá a lo largo de la audiencia.

Al respecto la secretaria de la jueza aseguró que desde el Juzgado Federal no se dispuso ninguna medida especial vinculada con el ingreso y salida de los tres imputados ni tampoco la presencia de personal policial uniformado.

Así, cobraron sustento las versiones en torno que hay solidaridad entre efectivos policiales para, presuntamente, dificultar identidades.
Por su parte, San Emeterio no quiso efectuar ningún tipo de declaraciones y, por lo que se vio, logra desplazarse a gusto por varias dependencias del Juzgado Federal.

En línea con las premeditadas acciones para evitar contactos con periodistas y fotógrafos, Abelleira llegó ayer más temprano de lo previsto a la sede judicial, por lo cual no pudo ser fotografiado por un grupo de reporteros que se encontraba en la antesala del despacho judicial.