"Por única vez y con carácter excepcional". Así comienza la parte resolutiva de la ordenanza que impulsó el intendente Icare para habilitar el ingreso a planta permanente de 740 trabajadores contratados. El proyecto fue sancionado por el Concejo en su última sesión, luego de un debate en el que abundaron los compromisos y exhortaciones para evitar a futuro la acumulación de semejante volumen de irregularidades y devolver a la vida el Estatuto del Trabajador Municipal.

La nómina de personal contratado o "temporario" (que en algunos casos acumulan más de una década en esa condición) llegó a un punto en el que supera largamente a la "planta permanente" del municipio. Seguramente la regularización del personal es un acto de "justicia histórica", como señaló algún edil al borde de la emoción. Pero la ocasión también es buena para reflexionar sobre las causas que llevaron las cosas a este punto.

El plantel de contratados creció sin pausa durante los llamados "años de la crisis" (a partir de 1997), cuando el municipio no podía pagar los sueldos en término y se endeudaba a paso acelerado. De acuerdo al Estatuto del Trabajador Municipal, la única manera de ingresar a la planta permanente es por medio de un concurso abierto. Así está legislado en cualquier otro estamento del Estado (provincial, nacional) y no por capricho sino por sentido común. No existe otra fórmula para garantizar el acceso de la persona más capaz para cada puesto, como debería corresponder cuando su remuneración se cubre con dineros públicos.

En esa lógica, los contratos están admitidos apenas como una figura marginal y para realizar tareas puntuales y acotadas, con la debida justificación y posterior rendición de cuentas.

Esta regla fue abiertamente violada en tiempos de emergencia perpetua. La planta permanente permaneció clausurada durante años porque ningún gobernante se atrevía a otorgar estabilidad y plenos derechos laborales a los nuevos empleados.

En los hechos, los contratados fueron cada vez más numerosos y no sólo por la situación de apremio económico que atravesaba el municipio sino también porque fue usado como paliativo de la desocupación y porque (al saltear el concurso) se transformó en un mecanismo más apto para "hacer política".

Justamente el del concurso fue uno de los motivos de desacuerdo en el Concejo, donde varios ediles propusieron implementarlo también para la incorporación masiva de los contratados. La mayoría descartó esa variante.

El actual gobierno buscó poner fin a la incertidumbre permanente de los contratados y eligió hacerlo de un golpe. Aunque es necesario recordar que esa meta no estuvo clara desde el inicio de la gestión, sino que aparece a la vista luego de un largo camino previo donde no faltaron las contradicciones.

Durante la sesión, la concejal Irma Haneck (SUR) ponderó al intendente por su trabajo junto al Soyem "para la eliminación del trabajo en negro" y también la secretaria general del gremio, Graciela Bedini, destacó el mismo logro. Pero muchos recordaron en ese momento que las trabajadoras de los Centros Infantiles tuvieron que pelear largo tiempo para pasar de la precariedad de un subsidio a ser empleadas bajo contrato, a lo cual se oponían en un principio tanto el gremio como el intendente Icare.

Con la decisión tomada el Ejecutivo dio un paso adelante en el ordenamiento de su política de personal. No tenía otras opciones a mano, salvo seguir dilatando las cosas.

Asociadas a esta cuestión, recaen críticas sobre Icare por el abultado gasto en sueldos, que en el proyecto de presupuesto 2007 alcanza el 72,9% de los recursos corrientes. El intendente también debe afrontar quejas por los servicios desatendidos y la falta de fiscalización en las más diversas áreas.

Para despejar cualquier sospecha de demagogia en la regularización masiva de empleados, la actual gestión no debería demorar más en iniciar otras reformas de las llamadas "estructurales". Entre ellas figuran la urgente necesidad de redefinir la planificación urbana, adoptar una verdadera política de tierras y reformar del Estatuto del empleado municipal, que lleva más de un lustro en etapa de maduración.

Pero seguramente lo que no puede esperar es el rediseño del sistema tributario municipal, a fin de reintroducir el concepto de equidad e imponer cargas acordes sobre los sectores de mayor poder contributivo. El municipio podrá atenuar el impacto de la masa salarial en la medida en que consiga un cuadro de ingresos más adecuado a la realidad económica de la ciudad.

DANIEL MARZAL

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