NEUQUEN (AN).- Carmen Mardones, la mujer que está cortando el acceso a pozos petroleros en Loma de La Lata para que le paguen la servidumbre de paso, continúa con su reclamo.

Ayer fuentes policiales informaron que representantes legales de la empresa Repsol se presentaron en una fiscalía a denunciar la obstaculización de las vías de acceso a los campos petroleros, pero hasta ayer por la tarde no se había determinado medida alguna para evitar la continuidad de la protesta.

Mardones permaneció por segundo día consecutivo cortando dos caminos que ingresan a tierras que dice le pertenecen, y en las que contratistas de Repsol realizan perforaciones.

Se trata de unas 400 hectáreas, donde funcionan unos 25 pozos de perforación y equipos de bombeo.

Mardones comenzó con la protesta anteayer por la mañana, y de inmediato la comunidad mapuche Painemil, cuyos integrantes viven en las cercanías, salió a adjudicarse los derechos de posesión de las parecelas que Mardones refiere como suyas. Fundamenta al reclamo en su permanencia histórica en esas tierras.

Una de las versiones que circularon ayer da cuenta de que la mujer es pariente de los Painemil, pese a que esta familia afirma lo niega. Mardones tiene el respaldo de integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). El secretario gremial, Juan Carlos Hernández, informó ayer al promediar la tarde que "estuvimos toda la noche" en los caminos, y que "la protesta continuará hasta que alguien responda" el planteo.

Según se supo, pese a lo que la propia mujer se encargó de decir, el abogado Mariano Mansilla no es su patrocinante. Esto también se había dicho desde la CTA. Otro abogado del gremio estaría por intervenir en el caso.

Hay fuentes que afirman que las tierras están en el centro de un litigio judicial, y que habría en la dirección provincial de tierras un pedido de desalojo en contra de la mujer que nunca fue aplicado.

Habría un tercero en discordia que se habría adjudicado también la compra de las parcelas centro de la polémica.

Pese a este escenario, Mardones, una criancera de chivos separada de su marido que tiene 60 años de edad, que vive con algunos de sus hijos en una humilde vivienda a escasos metros de pozos petroleros, dice que nunca le solicitaron permiso para entrar en las tierras. Y que su indignación creció tras sucesivos pedidos de trabajo para sus familiares que fueron denegados por las empresas.