El Senado dio ayer media sanción al proyecto de ley de Educación que impulsa el Gobierno, en reemplazo de la sancionada en los '90, y que extenderá la escolaridad de 10 a 13 años y retornará a una única estructura de seis años de primaria y seis de secundaria.

La norma, que llegó al Congreso luego del debate lanzando en mayo entre funcionarios educativos, expertos, maestros y padres, fue aprobada por 57 votos a favor y 3 en contra de los tucumanos de Fuerza Republicana Ricardo Bussi y Delia Pinchetti, y la justicialista puntana Liliana Negre de Alonso.

La iniciativa, que es la principal apuesta del Gobierno en la materia y que ha sido la propuesta troncal de la gestión del ministro Daniel Filmus (presente en el recinto), establece un sistema educativo único en todo el territorio nacional y dispone la obligatoriedad de los niveles primario y secundario.

En consecuencia, dejarán de tener vigencia la Educación General Básica (EGB) y el Polimodal, instauradas por la ley Federal sancionada en 1993, durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem, y que han sido muy criticados porque dieron lugar a una multiplicidad de sistemas diferentes en todo el país.

El proyecto también garantiza el acceso a la sala de 4 años para familias que lo requieran e incrementa las horas de clase con el establecimiento en la primaria de jornadas "extendidas" (de seis horas) y "completas" (de ocho horas).

También dispone la obligatoriedad de un segundo idioma y el acceso a las nuevas tecnologías informativas. Y reforma contenidos curriculares de la secundaria, como la enseñanza compulsiva sobre lo ocurrido en los golpes de Estado que sufrió la Argentina durante el siglo XX (además prohíbe el ejercicio del magisterio a los condenados por delitos de lesa humanidad).

Al mismo tiempo se incluyen contenidos vinculados con los derechos de género, de minorías y sectores vulnerables como los niños (también hay restricciones para el ejercicio del magisterio a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales).

En el capítulo económico, se especifica que para el año 2010 el Estado deberá asignar al sector educativo al menos un 6 por ciento del PBI anual.

La presidenta de la comisión de Educación, Amanda Isidori (UCR- Río Negro), fue miembro informante del proyecto porque pese a ser de la oposición firmó favorablemente el despacho de la mayoría que sostuvo la iniciativa.

Isidori destacó que el proyecto "es bueno porque contiene aspectos esenciales" y, al contrario de la ley federal en vigencia, "fija taxativamente la responsabilidad del Estado".

También subrayó el énfasis en la concientización de derechos humanos y la educación en las nuevas tecnologías, y puso de relieve la creación del Instituto Nacional de Formación Docente.

La presidenta de la comisión de Población, Silvia Gallego (FPV- La Pampa), manifestó que será una ley con legitimidad porque surgió "de esta necesidad que ha planteado la sociedad en su conjunto de generar una nueva ley y una estrategia de participación".

Por el radicalismo, Gerardo Morales fundamentó las disidencias parciales que el bloque hizo al dictamen de mayoría, aunque en general la UCR apoyó la ley. Morales cuestionó que no esté fijado en el texto la cantidad de años que insumirá la educación primaria y la secundaria, sino que se da un plazo de seis años para que las provincias definan los ciclos "de una manera concertada". El radicalismo sostiene que ese debate tendría que haber sido cerrado en la ley porque, advirtió, es algo que puede llevar "a la profundización de la fragmentación".(DyN y Télam)