La conquista de América estuvo signada por la búsqueda del oro y la plata indígenas y las consiguientes luchas por los cargos militares, políticos y religiosos que permitían su apropiación. El camino de la colonización recién quedó expedito cuando los conquistadores abandonaron la búsqueda de la opulenta Ciudad de los Césares, comenzaron a ponerse en vigor las leyes (aunque con grandes dificultades, como veremos enseguida), se aprovecharon las producciones naturales y se implantaron otras nuevas en el territorio. A partir de ese momento la codicia encontraría otros caminos.
El iniciador de la colonización del Tucumán (actuales Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba) fue el gobernador (1584-1593) Juan Ramírez de Velasco. Para ello priorizó terminar con los abusos de los encomenderos. El principal era la venta de los indígenas o el alquiler de su mano de obra, pese a su expresa prohibición por las Leyes de Indias. En uno de sus informes al rey, el gobernador estimaba que más de 6.000 nativos habían sido definitivamente sacados del Tucumán. La argucia era simular su salida temporaria para luego desarraigarlos definitivamente de sus asentamientos y familias. Para evitarlo, Ramírez de Velasco creó Alcaldes de Sacas para controlar la salida y regreso de indígenas, cuya ausencia no debía exceder 6 meses. Fijó también una elevada fianza que sólo era devuelta cuando los jueces de Registro acreditaban el regreso del indígena a su asentamiento habitual.
Otro problema hallado por Ramírez de Velasco fue que, pese al prioritario mandato real de evangelizar a los indígenas, faltaban sacerdotes. Las únicas tres poblaciones del Tucumán hasta 1570 Santiago del Estero (fundada en 1553), San Miguel de Tucumán (1565) y Nuestra Sra. de Talavera del Esteco (1567) dependían del Obispado de Santiago, Chile. Sobraban frailes y clérigos en la próspera Lima, pero pocos o ninguno quería pasar penurias y arriesgar el pellejo en las míseras tierras de los belicosos indios juríes. Para resolver el problema, a pedido del rey Felipe II, el papa Pío IV creó el 14/5/1570 la Diócesis de Tucumán, dependiente del Arzobispado de Lima. La designación de su primer obispo estuvo plagada de problemas hasta la asunción del quinto candidato, el sacerdote dominicano Francisco de Victoria (o Vitoria, como probablemente se escribía en su Portugal natal). No debe confundirse a nuestro obispo con el homónimo Francisco de Vitoria (1486-1546), también sacerdote dominico, nacido en la ciudad vasca de Vitoria, catedrático en la Universidad de Salamanca al que se considera fundador del Derecho Internacional, quien ya había fallecido.
La formación de Victoria para el cargo debe haber sido escasa, a juzgar por su participación en el III Concilio de Lima en 1582, donde se discutió el problema de la atención de los indígenas. Debe haber contado con poderosos protectores, ya que tenía lo que en la época eran graves impedimentos para su designación: haber desempeñado "oficios viles" (de joven fue grumete, mozo de cuadra y empleado de tienda) y ser de familia judía (uno de sus hermanos fue condenado por la Inquisición). Luego de pasar más de un año en diligencias desconocidas en Lima, Potosí y otros lugares del Virreinato del Perú (quizás estableciendo los que probarían ser fructíferos contactos comerciales), el obispo llegó a su diócesis recién para la fundación de la Ciudad de Lerma en el Valle de Salta, el 16/4/1582. Esta fundación fue hecha "sin fundamento", como se decía en la época, por no tener suficientes asentamientos indígenas sometidos que le dieran el indispensable aprovisionamiento y mano de obra. Así como la posterior de Jujuy, la fundación de Salta obedeció a la necesidad comercial de dar escalas para el tráfico entre el Tucumán y el Perú.
Ya instalado en su sede de Santiago del Estero, una de las primeras acciones del obispo fue pedirle al gobernador del Río de la Plata, Juan de Garay, permiso para circular libremente al Brasil, solicitud cuyos propósitos fueron evidentes de inmediato. Durante los primeros años en su cargo dedicó la mayor parte del tiempo a actividades comerciales, especialmente en la rica ciudad minera de Potosí, ausentándose del Tucumán por largos períodos. En ocasión de una grave escasez de alimentos, Ramírez de Velasco dictó una resolución prohibiendo la salida del Tucumán de cabras, ovejas, vacas y caballos, en especial las hembras, para asegurar la subsistencia de los colonos y favorecer la multiplicación de los ganados. Como el obispo quería vender en Potosí una tropilla de 1.500 vacunos, presentó una queja a la Audiencia de Charcas, la que le autorizó a hacerlo interfiriendo con las atribuciones naturales del gobernador.
En sucesivos informes al rey Felipe II (cuyos originales están en los Archivos de Indias), el gobernador Ramírez de Velasco señaló que el obispo era malquerido por los vecinos; con sus malos tratos ahuyentaba a los sacerdotes; excomulgaba a quienes lo contradecían (caso del gobernador, que lo fue tres o cuatro veces); no se lo veía en la iglesia, en el púlpito, en procesiones, en colectas ni en tareas de conversión de indígenas; "su conducta más parecía la de un mercader que la de un sacerdote"; no adoctrinaba los indígenas, sino los explotaba; cobraba comisiones por conseguir mercedes reales; hacía caso omiso de los concubinatos de los españoles contra pago en efectivo y otras tropelías. El gobernador estimaba que el obispo Victoria había desarraigado, en su propio y exclusivo beneficio, unos 4.000 indígenas del Tucumán. Hizo la denuncia al rey y acompañó declaraciones de alcaldes y jueces probando que Victoria había falsificado registros oficiales para lograr sus fines.
En 1585, el obispo Victoria comisionó al tesorero de la Iglesia y a un sirviente personal para traer mercaderías del Brasil, los que partieron del puerto de Buenos Aires el 20 de octubre de ese año. Luego de grandes dificultades, en el viaje de ida y vuelta, sus emisarios llegaron con las mercaderías a la boca del Río de la Plata. Allí los abordaron tres barcos del pirata inglés lord Clifford, quien los despojó de todos los bienes de algún valor (incluidas las ropas de viajeros y tripulantes), ocasionando al obispo y sus socios la pérdida de unos 120.000 ducados (cerca de media tonelada de oro, unos 9 millones de dólares de hoy). El despojo incluyó unos 40 de los 90 esclavos africanos comprados en Brasil, dejando los piratas los restantes por no tener provisiones para alimentarlos. Los dos navíos, abastecidos sólo con un barril de agua y otro de harina, lograron finalmente regresar a Buenos Aires 15 meses después de su partida.
El obispo esperó a sus emisarios y esclavos en Córdoba, cuyas autoridades previnieron a Ramírez de Velasco del intento de pasar los esclavos al Perú para venderlos allí. Reclamada la autorización pertinente, que el obispo no tenía, los esclavos fueron confiscados para la Corona. El airado obispo reclamó su devolución a la Audiencia de Charcas (donde evidentemente tenía muy buenos amigos), lo que le fue prontamente concedido sin atender los argumentos del gobernador. Poco después de la pérdida de su primer envío (evidentemente estaba muy bien aprovisionado), el obispo envió al puerto de Buenos Aires 30 carretas cargadas de productos indígenas recolectados por los sacerdotes que los adoctrinaban. Victoria envió asimismo al Brasil, informa Ramírez de Velasco, mucha más plata y oro que la que declaró, sacándolos del territorio sin pagar el porcentaje que le correspondía al rey (el "quinto real"). Este segundo barco, que partió de Buenos Aires el 2 de setiembre de 1587, cumplió exitosamente la misión comercial que algunos consideran la primera "exportación industrial" del país.
Finalmente Toribio de Mogrovejo, entonces arzobispo de Lima y luego canonizado como santo, recomendó al rey la renuncia de Victoria por incumplimiento de sus funciones religiosas (recordemos que los reyes de España tenían el Patronato Real, el derecho de nombrar obispos). Por Real Cédula del 28/11/1590, el rey Felipe II lo conminó a través del virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, a que enmendara su conducta o renunciara. Victoria renunció recién en 1591, regresando a España donde se recluyó en un convento de Madrid hasta su muerte en 1592.
Es lamentable que los mal informados industriales y autoridades argentinas hayan fijado el 2 de setiembre, día de la partida de la segunda remesa de productos expoliados a los indígenas y metales preciosos contrabandeados del Potosí, como "Día de la Industria". La fecha representa los peores comportamientos empresarios: la explotación de los trabajadores, la burla de la ley y la codicia desenfrenada.
CARLOS SOLIVEREZ (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales.
