SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los concejales confirmaron su voluntad de seleccionar en las próximas semanas al primer defensor del Pueblo local, pese al reclamo planteado por algunos miembros de la Convención Constituyente para que suspendan el proceso hasta que esté aprobada la nueva Carta Orgánica.

Los 33 interesados en acceder al cargo, que acudieron a la convocatoria formulada por el Deliberante, tienen la legítima expectativa en compulsar con las reglas establecidas en la ordenanza que se sancionó ne agosto pasado. Y ese condicionamiento fue determinante para no alterar las reglas de juego.

No obstante, ayer los concejales aceptaron reunirse con varios miembros de la Convención para buscar algún entendimiento y acordaron constituir una comisión reducida con dos representantes de cada cuerpo que buscará una salida jurídica consensuada.

La edil radical Guillermina Alaniz aclaró que la tarea de esa comisión será "netamente informativa y consultiva". Dijo que el proceso de selección del defensor (que debe entrar en funciones el 1 de enero próximo) "sigue en marcha y no corresponde paralizarlo".

También el presidente a cargo del Concejo, Andrés Martínez Infante, dijo que la mini comisión mixta permitirá "abrir una instancia de análisis distinta, pero sin imposiciones".

Los convencionales pidieron la reunión con los concejales en un último intento por frenar temporalmente el concurso abierto por la defensoría. Si bien el intercambio fue cordial, los resultados no fueron los esperados.

Varios de los participantes señalaron la importancia de mantener un "diálogo abierto" entre los miembros de ambos cuerpos. La convencional Nelly Meana (UCR) reconoció que existía una relación "poco aceitada" y Rodolfo Rodrigo (Partido de la Victoria) advirtió que los vecinos "están esperando una solución".

Desde su condición de abogado (y de impulsor de la suspensión), Rodrigo aseguró que "ningún postulante tiene derecho adquirido hasta su designación" y entendió que la sanción de la ordenanza cuando ya estaba en marcha la reforma de la Carta Orgánica "pudo ser desatinada".

Advirtió sobre el riesgo de designar un defensor del Pueblo "cuyas facultades sean distintas a las que marque la Carta" y dijo también que "existe una tradición jurídica de espera para aplicar ciertas normas", cuando hay un poder constituyente en pleno trabajo.

La posición de Rodrigo no fue acompañada por los bloques mayoritarios. Meana propuso buscar soluciones "conciliadoras", pero aclaró que la UCR no estaba de acuerdo con la suspensión.