VIEDMA (AV)- Más de un millar de retirados rionegrinos mediante el decreto 7 serían absorbidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) antes de fin de año, según revelaron ayer fuentes oficiales.
El gobernador Miguel Saiz mantuvo un contacto por ese motivo con el titular del organismo nacional, Sergio Massa. En ese marco, se analizó la posibilidad de avanzar en la firma del convenio de transferencia.
Sin embargo, no se acordó una fecha, dado que el funcionario nacional debía aclarar un par de detalles con el presidente Néstor Kirchner y el área de ceremonial de Presidencia de la Nación a fin de verificar qué día resultaría conveniente de aquí a que comience el receso veraniego.
El monto que la Anses solicitará a la provincia para financiar el traspaso rondará los 100 millones, lo cual será un costo superior a la inicial evaluación de 60 millones. Las cifras en danza servirán para cancelar cargas sociales y así completar la edad jubilatoria y años correspondientes de aportes.
Frente a ello, la provincia comenzó a discutir tiempo atrás un plazo superior para cancelarlo. Se preveía su pago en 10 años y ahora proyecta en un lapso de 12 a 15 años. No se descarta que el ministro de Hacienda, Pablo Verani, haya estado haciendo gestiones por esta cuestión en las últimas horas. El ministro permanecería hasta hoy en la capital federal.
El compromiso que asumiría Río Negro antes de la transferencia sería otorgarles al sector un aumento del 20% con el propósito de garantizar el haber en oportunidad del traspaso y obtener las pautas nacionales de movilidad como el adicional por "Zona Austral".
La comisión provincial de Retirados, conformada este año, reclamó en la última reunión de la comisión un compromiso del gobierno provincial de acompañarlos a fin de contribuir a zanjar aquellos aspectos que generaron mayor controversia en la resolución del fondo del problema.
Pidió la incorporación al salario de todos los aumentos que otorgue el organismo nacional a partir del momento en que el grupo sea transferido.
En ese encuentro se acordó con el gobierno que en caso de que la transferencia se realice este año se hará efectivo el incremento del 13%. Durante las deliberaciones exigieron que en el caso de los docentes se reconozca efectivamente con el 82% móvil.
En el transcurso de esas conversaciones se pidió una urgente definición sobre el traspaso aludiendo a un perjuicio económico y frente al temor de que se repita lo que ocurrió durante más de 10 años de transferida la Caja de Previsión Social cuando el gobierno provincial no le otorgó prioridad; según alegaron los representantes de los ex trabajadores.
