BUENOS AIRES (DyN)- El Senado nacional dio media sanción anoche a la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2007 de las iniciativas que constituyen la denominada “emergencia económica”.

El oficialismo impuso su mayoría para aprobar la norma por 31 votos favorables, contra 17 negativos. De ese modo, los legisladores extendieron por cuarta vez las medidas de excepción sancionadas a través de las leyes 25561 y 25790, en virtud de la crisis económica y política que afectó al país.

Quedaron comprendidas dentro de la sanción legislativa las renegociaciones de contratos con empresas concesionarias de servicios públicos, la emergencia sanitaria, la emergencia laboral, que extiende la indemnización especial hasta que la desocupación sea de un dígito, y la emergencia social que prorroga los planes de asistencia familiar. La ley 25.561 fue sancionada en enero de 2002, durante la primera semana de gobierno de Eduardo Duhalde, y posteriormente fue prorrogada tres veces.

La ley 25.790, en tanto, fue sancionada en octubre de 2003 para extender el plazo dispuesto para renegociar contratos de obras y servicios públicos con empresas concesionadas dispuestos por el artículo 9 de la 25.561.

El gobierno sorprendió al Congreso cuando a principios de noviembre remitió una nueva prórroga de la emergencia económica, a pesar de los indicadores económicos positivos.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el justicialista Jorge Capitanich, argumentó a favor de la iniciativa al considerar que la declaración de la emergencia “es una cuestión integral”.

“La emergencia permite cumplir con la sostenibilidad de la política macroeconómica de largo plazo. No podemos permitir una alteración en el sistema de los pilares de la política macroeconómica. No aprobar significa pulverizar la política fiscal y la política monetaria”, sostuvo.

Capitanich dijo que la prórroga de la ley “hace a la estrategia de defensa de los intereses de la Argentina en el exterior”, en los juicios presentados por empresas afectadas por la devaluación y la pesificación asimétrica ante el CIADI, un tribunal para la resolución de disputas dependiente del Banco Mundial.

En relación con la ley 25790, Capitanich sostuvo que si bien se renegociaron una veintena de contratos con empresas concesionarias de servicios públicos, todavía quedan pendientes una cifra similar de concesiones.