Según datos del municipio, en Allen se fabrican alrededor de 50 millones de ladrillos por año, generando un recurso económico que ronda los 9 millones de pesos en un actividad que funciona mayormente en la clandestinidad.

Desde la ocupación irregular de tierra, pasando por la extracción ilegal de material para fabricar el ladrillo, hasta las condiciones de hábitat de los horneros y sus familias que están mayormente con conexiones ilegales de luz y sin habilitación comercial.

Los ladrillos producidos en la zona son considerados de muy buena calidad tanto por la materia prima como por el nivel de fabricación, razón por la que se venden en toda la Patagonia llegando incluso a Buenos Aires

La instalación masiva de personas de origen boliviano que se desarrollan en esta actividad ha generado muchos resquemores entre los vecinos allenses, además de provocar un impacto muy fuerte en la actividad comercial.

Respecto a los hornos al carecer de habilitaciones no pagan impuestos de ningún tipo y por la propia cultura del trabajo de la comunidad boliviana hacen imposible que los argentinos puedan competencia comercialmente en el rubro.

Sánchez manifestó que "tenemos que tener una política con relación a los extranjeros que vienen a hacer actividades temporales que tiene un impacto muy fuerte en la económica de la ciudad".

Por ejemplo, según indicó el intendente, en la actividad frutícola, este tipo de trabajador se lleva más de 5 millones de pesos de la economía local y en cuanto a los hornos "nos dejan puentes rotos, calles rotas y material que no se renueva".