SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- El secretario de Seguridad y Justicia, Miguel Bermejo, afirmó ayer que las fuerzas policiales de la ciudad no están desbordadas por el delito y que los refuerzos federales se pondrán en marcha por la demanda pública de seguridad, ya que su empleo solamente está justificado en casos excepcionales.

El funcionario anunció que las fuerzas federales de seguridad con asiento en la ciudad comenzarán a patrullar las calles y barrios a partir del próximo 10 de diciembre, en coordinación con los efectivos de la Policía de Río Negro.

Bermejo realizó el anuncio ayer luego de la reunión que mantuvo con los miembros del Consejo Complementario de Seguridad Interior de la provincia, cuando declaró que la medida obedecía a una demanda pública de mayor empleo de fuerzas, a la vez que aseguró que las fuerzas policiales no estaban desbordadas.

Explicó que la ley 24.059 de Seguridad Interior prevé casos muy específicos donde el CCSI pueda tener competencia, y citó como ejemplos "cuando está en peligro la seguridad interior, cuando una fuerza se encuentra desbordada por delitos como contrabando, narcotráfico o fugas masivas de una alcaidía". Sin embargo, justificó la convocatoria en "las particularidades que se observan en Bariloche respecto de una demanda pública de mayor empleo de fuerzas que hagan a la seguridad común de la ciudad. Estamos actuando en un marco de cierta excepcionalidad respecto de la competencia de este Consejo", justificó Bermejo, con la aclaración de que la Policía de Río Negro "para nada se encuentra desbordada".

En la conferencia de prensa estuvo acompañado por el jefe de la Regional Tercera, el subjefe de Policía y los titulares de las delegaciones locales de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Más tarde, fue recibido por el intendente municipal interino, Marcelo Cascón, a quien le informó sobre los programas de seguridad que se implementarán dentro de dos semanas.

La situación que dio origen a esta nueva convocatoria al CCSI se produjo cerca de la medianoche del último 9 de noviembre, cuando un grupo de taxistas protestaron frente a la sede de la Regional Tercera de Policía y provocaron un desorden ante la casa del intendente Alberto Icare, luego de que un compañero de tareas resultara herido en un asalto que ejecutaron dos individuos en el barrio El Frutillar.

Los taxistas más desaforados golpearon a un familiar de Icare, y otros se dirigieron a los domicilios de Marcelo Cascón y de Adolfo Fourés, presidente del Concejo Municipal y secretario de Gobierno, respectivamente, y en una reunión realizada al día siguiente en la Regional Tercera los trabajadores del volante volvieron a reclamar la intervención y el patrullaje de las fuerzas federales de seguridad.

Tres días después, el jefe de la Regional Tercera, Jorge Uribe, anunció que adoptaría medidas especiales de prevención y que reforzaría la seguridad con 45 efectivos adicionales, pero Icare y los conductores de medios de transporte público insistieron en convocar a las fuerzas federales, y el ministro Iván Lázzeri realizó gestiones ante el Ministerio del Interior.