VIEDMA (AV).- Río Negro gastó más 6 millones de pesos -dos millones de dólares- en el Programa de Modernización Productiva del BID a pesar de que todavía no entregó ningún préstamo a productores o pequeñas empresas.

Esa conclusión proviene de un análisis de la legisladora Marta Borda -que fue consultora del BID- sobre la información enviada a la Legislatura por la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo.

La diputada provincial también revisó la estructura de la Unidad -que funciona en Capital Federal- y las condiciones laborables-profesionales de los ocho gerentes del organismo, que accedieron a una convocatoria de cargos con "nombres y apellidos", y cobran sus viáticos en dólares.

Borda siempre cuestionó técnicamente este proyecto de 86 millones de dólares, que incluyó el año pasado la presentación de una iniciativa para su renegociación.

A dos años y medio de su firma, el programa todavía no logró implementarse. En las últimas semanas se incorporaron modificaciones para buscar su ejecución y actualmente el gobierno provincial habla de un primer préstamo a una bodega del Alto Valle.

Lo cierto es que ya se gastaron más de 2 millones de dólares ó 6 millones de pesos, según el cálculo de Borda. Por "comisión de compromiso" -el pago por la no utilización del préstamo disponible- se registraron unos 125 mil dólares, mientras que el BID desembolsó efectivamente por este subprograma más de 904.000 dólares y la provincia otro 1,1 millón de dólares.

Este préstamo de Modernización Productiva (programa 1463/1464OC-AR) prevé una disponibilidad de 86,5 millones de dólares para las pymes rionegrinas. El BID aportaría 51,9 millones y la provincia otros 34,6 millones de dólares.

Borda destacó que "pasaron 3 años y 1 mes desde su aprobación, y 2 años, 9 meses y 19 días desde su firma y ninguna de pymes fueron beneficiadas". En varias oportunidades, la legisladora del bloque 26 de Julio recurrió a la Legislatura por el proceso del programa. Por caso, en el 2005, la diputada pidió la renegociación del contrato y del reglamento para eliminar obstáculos, planteando la inclusión de bancos públicos en el manejo del Fondo Fiduciario, y la relocalización a Viedma de la Unidad. Ese proyecto nunca se trató en la Legislatura.

Ahora, Borda entiende que se aceptaron explicaciones de la Unidad Ejecutora que eran "excusas burdas para no tratar" las modificaciones propuestas cuando después se acordaron con el BID. En las iniciales respuestas de esa Unidad -que firma quien la conduce, Oscar Gómez- se consideró que una "posible renegociación tendría consecuencias nefastas" ya que "redundarían en perjuicio de Río Negro" porque "incrementaría los costos financieros" y dilataría "la implementación de su operatoria".

En otra más reciente, ese organismo -con rúbrica del coordinador del programa, Jorge Prieto- informó sobre reformas en el programa, como "incorporar el mecanismo de crédito en dólares y pesos a elección de los beneficiarios" y, entre otras, "el funcionamiento de los grupos operadores para colaborar con las pymes en su elaboración de planes de negocio".

En su estudio -que remitió a legisladores oficialistas- Borda cuestionó algunas reformas o conclusiones de la Unidad mientras que denunció demasiado "misterio" de ese organismo para otorgar información, rechazando sus solicitudes "con argumentos bochornosos".