SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Una denuncia anónima motivó un procedimiento policial en el que resultaron detenidos dos individuos con abundantes antecedentes penales, que habrían resistido el procedimiento policial.

En el allanamiento no habrían encontrado drogas ni elementos robados, pero los sospechosos podrían quedar detenidos si se comprueba que resistieron el procedimiento y todavía gozaban de libertad condicional.

Las autoridades intervinieron a las 22 del jueves, luego de recibir una denuncia que refería que se estaba cometiendo un ilícito con armas en una vivienda calle Del Crepúsculo 900, aproximadamente a la altura del kilómetro 13 de la avenida Bustillo. Tras el desplazamiento de vehículos y efectivos policiales, lograron la detención de dos individuos de 26 y 27 años, que en principio se habrían resistido. Incluso uno de ellos habría apuntado a los agentes con un arma de fuego. Según informaron, los sospechosos se entregaron después que los policías efectuaran varios disparos intimidatorios.

Uno de los detenidos fue identificado como Marcos Vidal Valenzuela, quien hace poco más de un año fue recapturado por sus custodios luego de que saltara por una ventana de la sala de hombres del hospital, aprovechando la confusión que reinaba en el horario de visitas. En esos momentos Vidal Valenzuela estaba procesado y esperaba el juicio por hurtos reiterados, y por tenencia de estupefacientes. Estaba detenido porque cuando lo acusaron gozaba del beneficio de la libertad condicional por el asalto con armas a la empresa Telefónica, en el que había tenido un rol protagónico.

El otro detenido es Adrián Bonefoi, a quien en octubre de 2003 le impusieron cuatro años de prisión efectiva por matar de un tiro por la espalda a la jovencita Inés Reucán, cuando él tenía 17 años.

Bonefoi fue sometido a tratamientos que no dieron resultado, antes y después del homicidio de la joven, cometido en el marco de una guerra entre patotas de barrios del Alto. Su carrera delictiva comenzó a los 12 años, cuando acompañaba a sus hermanos a cometer hurtos y robos, y continuó con hechos cada vez más graves, hasta cosechar una condena a 5 años de prisión por cometer un asalto a mano armada.

El Régimen Penal de la Minoridad permite que un tribunal le imponga pena o no a los menores que fueron declarados responsables por delitos, y cumplieron un tratamiento tutelar, y aunque el fiscal Enrique Sánchez Gavier no utilizó esa prerrogativa, en oportunidad de sancionar el crimen fue indulgente, porque partió del mínimo previsto para el homicidio, que es de 8 años de prisión, y redujo esa pena a la mitad.