VIEDMA (AV)- Los hechos de violencia hacia la mujer, tanto psicológica como económica, serán sancionados en la provincia de Río Negro con una modificación que se está analizando para la Ley Nº 3.040. La tipificación de "económica" está relacionada con posibles restricciones en el sustento dinerario que pueden sufrir tanto la mujer como sus hijos.

También será eliminado de la actual norma el requisito de estar conviviendo para que las denuncias tengan entidad, y en consecuencia podrán ser incorporados aquellos casos que se registren en el seno de parejas separadas como noviazgos. Los cambios, promovidos por el Consejo de Promoción Familiar, surgieron luego de consultas a representantes del Poder Judicial, de organizaciones e instituciones que integran el Programa de Atención de la Violencia Familiar.

La coordinadora del programa, Maite Spina, justificó las futuras modificaciones ante la necesidad de incorporar "un nuevo concepto de violencia contra la mujer" y frente a nuevos casos ya "sería violación a los derechos humanos". La norma, que data de 1997, "evidencia la necesidad de introducir algunos cambios", señaló a "Río Negro". A su entender la violencia de género provoca "algunas asimetrías dentro del poder del hombre".

En el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura rionegrina se encuentran pendientes de análisis tres proyectos sustitutorios por lo que según la funcionaria se lanzó una convocatoria a distintos poderes del Estado a emitir su opinión.

En ese sentido, adelantó que la sanción de la reforma se concretará a principios el año próximo permitiendo luego a la unidad ejecutora del programa avanzar en el decreto reglamentario.

El planteo oficial, que coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, que se recuerda hoy, toma en cuenta que en la Argentina murieron 30 mujeres durante el primer semestre del año a manos de su pareja mientras que más de un 1,5 millones sufre maltrato físico o psicológico aunque se denuncia un escaso porcentaje de casos. Spina estimó que la ciudad más conflictiva de la provincia es Bariloche donde en los últimos cuatro meses se atendieron 150 consultas, sin embargo aclaró que "esto no quiere decir que luego deriven en una denuncia ante la Justicia".

En el transcurso de este año se elevó a 23 el número de unidades ejecutoras del programa en distintas localidades, con la creación de delegaciones en Comallo, San Antonio Oeste, Cervantes y Valcheta. El equipo técnico del programa provincial realizó también acciones de capacitación previa a la conformación de esas representaciones.