NEUQUEN (AN).- Con el argumento de que en caso de disturbios durante una manifestación habrá elementos para abrir causas penales contra quienes los cometan, el gobierno provincial rechazó un pedido de organizaciones sociales para conocer detalles sobre el polémico sistema de videocámaras de vigilancia que instaló en esta capital y que en parte ya está funcionando.

La negativa la manifestaron el vicegobernador Federico Brollo y la ministra de Seguridad y Trabajo Susana Arévalo, a través del decreto 2.019 del pasado 26 de octubre. Por una lado señalaron que el funcionamiento de las videocámaras no viola la ley de hábeas data ya que "la finalidad de las cuestionadas videocámaras no sería la formación de un registro que provea informes, sino la prevención delictual".

Y por otro remarcaron que "es sabido que la comisión de ilícitos durante las manifestaciones o reclamos deviene muchas veces en la imposibilidad de instruir causa penal a las personas que cometen dichas actividades delictuales, desvirtuando así el carácter pacífico de cualquier manifestación". De allí que "de contar con una forma de identificar a dichos sujetos, se redundaría, en definitiva, en un beneficio incluso para cualquier asociación que esté manifestándose en la vía pública, ya que podrá realizar el reclamo de manera más ordenada".

El pedido de informe lo habían formulado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la asociación Zainuco, entre otras organizaciones, luego de que "Río Negro" revelara la instalación de las videocámaras en diversos puntos de la ciudad.

El objetivo era conocer "la autorización legal para instalar el sistema de registros fílmicos, el destino otorgado a los datos recabados y los planes de instalación de nuevos sistemas" en otros lugares de la ciudad y la provincia.

Los fundamentos que habían dado fueron que los sitios elegidos para la instalación "son lugares donde confluyen organizaciones sociales, políticas, sindicales y barriales a efectuar actos y manifestaciones". Por este motivo "la ubicación elegida revela una clara intencionalidad de parte de las autoridades de poseer registro de las concentraciones o movilizaciones a fin de individualizar y eventualmente perseguir a dirigentes y ciudadanos que se opongan a las políticas oficiales".

En total son 25 las cámaras que se prevé instalar en el contexto del Plan de Seguridad. La municipalidad, la Legislatura, Casa de Gobierno y el puente carretero fueron algunos de los sitios elegidos.