VIEDMA (AV)- Atacar las causas y no las consecuencias de los problemas sociales. Ese es el gran objetivo del proyecto de la nueva Ley de Seguridad Pública de Río Negro que hoy presentará oficialmente el gobernador en un acto que tendrá lugar en el Salón Gris de la Casa de Gobierno.

Esta norma plantea un cambio de paradigma en el abordaje de los conflictos relacionados con la seguridad, tema que en la provincia está legislado desde el concepto de orden público entendido que es el Estado el que debe intervenir activamente en la consecución de la paz como único depositario de la fuerza pública.

El proyecto plantea que la política de atacar las consecuencias y no las causas de los problemas "es socialmente costosa e ineficaz para reducir el delito".

Considera que las fuerzas de seguridad no han sido pensadas ni entrenadas en Río Negro para enfrentar las nuevas formas delictivas y de conflicto social que han aparecido y recuerda que para afrontarlas fue creada en 2004 la secretaría de Seguridad y Justicia, cuya primera misión fue la puesta en marcha del Sistema Penitenciario Provincial.

En ese marco se propone ahora la implementación de un Sistema de Seguridad Pública constituido por las instituciones y quienes intervienen en el abordaje, regulación y procesamiento del conjunto de los conflictos sociales derivados de hechos socialmente dañosos o ilícitos mediante el proceso social de criminalización.

La nueva estructura enfrentará un triple desafío: evitar la sociedad violenta; el permanente abuso de poder en la resolución de los conflictos y el de desbaratar los núcleos de corrupción que "pervierte las instituciones de seguridad".

El extenso proyecto incluye cinco títulos que contemplan la organización del sistema institucional con la creación de nuevos mecanismos de coordinación; un plan de prevención integral; la participación ciudadana jerarquizando los Consejos de Seguridad; crea una Auditoría General de Asuntos Internos como mecanismo de control interno y externo de las fuerzas de seguridad y modificaciones legislativas.

El nuevo sistema unificado permitirá también el control estricto de la seguridad privada, definido en el proyecto como un mercado de grandes proporciones que puede distorsionar todo el sistema institucional de seguridad.

La inseguridad

"Tal como hoy está planteado, el negocio es la inseguridad y por ello no alcanza con establecer un mercado muy vigilado y regulado sino que se debe avanzar hacia un sistema que permita el máximo control, ya que se trata de la prestación de un servicio público", argumentó la iniciativa.

Además, ese sistema unificado posibilitará actuar en la redefinición del modelo de formación de los agentes de seguridad tanto públicos como privados, así como en el desarrollo de un nuevo y más exigente sistema de control de armas.

En este sentido se señaló que esa acción debe constituir una de las variables más intensas "para prevenir hechos violentos a través del registro, límites a la tenencia de armas y control de la venta, tanto como para sacar de circulación armas, combatir el mercado negro y el contrabando. La destrucción de armas se debe convertir además en un símbolo de la opción por la paz comunitaria".