LA PAZ (AP Télam).- El gobierno de Bolivia presentó finalmente ayer el anteproyecto que devuelve al Congreso la facultad de censurar y fiscalizar a los prefectos, lo que amenaza agudizar el enfrentamientos con los departamentos opositores, también en alerta por el desarrollo de la Asamblea Constituyente y la posible reforma a la Ley de Tierras.

La idea de fiscalizar a las prefecturas, el sistema de votación por mayoría absoluta para votar cambios en la Constitución y la llamada Ley INRA que debe votar el Senado representan los tres frentes de conflicto que el gobierno de Evo Morales tiene abierto en paralelo.

A pesar de las protestas, Morales envió este mismo lunes al Congreso el anteproyecto de ley de fiscalización de gobernadores, todos ellos electos en diciembre pasado. "Todas las autoridades tenemos que rendirle cuentas al pueblo boliviano", explicó Morales para justificar la medida.

Los gobernadores de Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba, Pando y Tarija decidieron romper su relación con el Ejecutivo y acusaron al mandatario de "prepotencia política"

Sectores opositores anunciaron ayer el inicio de protestas antigubernamentales por la aprobación de la ley de tierra, para frenar lo que consideran intentos del gobierno de Evo Morales de "conculcar la democracia''. El ex presidente Jorge Quiroga, líder de la mayor fuerza opositora, Podemos, dijo a la prensa que su partido definirá hoy una ofensiva en el plano parlamentario, legal e internacional para "defender la democracia y preservar la unidad del país'' ante lo que llamó "una actitud de radicalismo chavista impuesto desde afuera'', en alusión al presidente Hugo Chávez en Venezuela.